Los atrancos de la Cidade da Xustiza

En el ascensor de la torre de la Cidade da Xustiza un obrero pintó con un rotulador: «María, I Love You». Es un símbolo de que el edificio empieza a cobrar vida. Han pasado casi cinco años desde que, en octubre del 2016, el arquitecto Alfonso Penela ganó el concurso para reformar la torre del antiguo Hospital Xeral y reconvertirlo en la Cidade da Xustiza, la cual albergará 38 juzgados, dos salas de la Audiencia, la Fiscalía y el Imelga. Tras múltiples avatares, la obra sigue inacabada aunque la Xunta ha comenzado este mes a amueblar sus 17 pisos a la espera de que, a finales de otoño, solicite la licencia de ocupación. Como muy pronto, los 520 funcionarios judiciales comenzarán a trabajar en la torre a partir del 2022.

Penela explicaba en una reciente comparecencia los avatares que ha tenido que superar la reforma de la torre. La obra parecía sencilla: limpiar el interior de la torre y reformarla para adecuarla al servicio como juzgados. Pero lo que prometía ser un trabajo de dos o tres años se convirtió en una dura travesía. El arquitecto, con fama de puntilloso, admite que nunca tuvo una obra con tantas dificultades técnicas y plagado de tantos avatares, pues incluso tuvo que lidiar con una pandemia mundial.

Penela cita como ejemplo del primer obstáculo que, al iniciar las obras, descubrieron que el edificio estaba recubierto con amianto o asbesto, un fibrocemento más conocido como uralita y que genera riesgos para la respiración e incluso aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón. La venta y uso de este material está prohibido en España desde hace 20 años por orden de la UE. Fue necesario retirarlo todo, lo que retrasó la fase de demolición de los viejos elementos del inmueble construido en 1947.

Posteriormente, el arquitecto se encontró con un nuevo problema técnico al detectar un fallo estructural en la silueta del edificio. Tuvo que ponerle «zapatos» a la torre para sustentarla y, así, de paso, ganar dos sótanos.

Superado este escollo, en marzo del 2020, se volvieron a ralentizar las obras porque el Gobierno decretó el estado de alarma por la crisis sanitaria del covid. Hubo varias semanas de parón obligado y debieron crear «burbujas» de trabajo para salvaguardar a los peones del contagio.

Tras volver a la normalidad, surgió la crisis mundial de los microchips. Empezaron a faltar en el mercado materias primas, por ejemplo, cierto tipo de maderas, y fue necesario improvisar para sustituir elementos cuyo suministro se demoró seis meses por otros disponibles. «Nos tuvimos que reconvertir cada vez que surgió un avatar», dice Penela.

Lo que quita ahora el sueño a este profesional es la licencia de ocupación que debe otorgar el Concello de Vigo cuando finalicen las obras. No duerme pensando en que, llegado el día, un inspector descubra una barandilla rota que suponga un riesgo. «El edificio debe estar planchado o no te lo aprueban», dice. Todavía queda mucho por hacer en los pisos inferiores. Los obreros trabajan en turnos de 16 horas para poner a punto el vestíbulo.

En el sótano, se instalará un archivo, una guardería y dos plantas de aparcamiento. En el vestíbulo irán los mostradores de atención al público, el juzgado de Violencia sobre la mujer y una gran sala de vistas. Tras subir por unas escaleras habrá una planta que alojará el garaje de los furgones policiales, los calabozos, la comisaría de Policía Autonómica y el Imelga. En la segunda planta se ubicarán 18 salas para celebrar juicios. Repartidos en los tres siguientes pisos, se instalarán los juzgados de lo penal, la Fiscalía, dos salas de la Audiencia y la biblioteca. A partir de la quinta planta y hasta la 17, se ubicarán 33 de los 38 juzgados, ya que los otros van en las plantas bajas.

Vigo se queda sin un privilegiado mirador a la ría

La azotea y el aljibe de la antigua torre del Xeral se destinarán a una sala de juntas de los juzgados de Vigo, según indicaron fuentes del Decanato. Se pierde así el sueño de los ciudadanos de Vigo de contar con un mirador público en la terraza de la torre del Xeral o de situar allí una cafetería con privilegiadas vistas panorámicas a la ría de Vigo.

Los pasillos de la terraza cubren prácticamente 300 grados de ángulo de visión del municipio, desde A Madroa y el puente de Rande (en un lateral), a las islas Cíes y la isla de Toralla (en el frontal) y el monte Alba y la Serra do Galiñeiro (en otro lateral). La vertiente este está cerrada e impide divisar ese tramo urbano. Solo el monte de O Castro permite una vista de 360 grados de la ciudad pero en una altura inferior a la de la torre.

La idea de ubicar un mirador en la azotea del antiguo Xeral fue descartada desde el principio por el arquitecto Alfonso Penela porque percibió los riesgos de seguridad que implicaba el hecho de que transitase el público por todo el edificio judicial durante las jornadas laborales. Otra cuestión era de tipo económica, porque obligaría a instalar un ascensor complementario para subir a los usuarios del mirador sin interferir en el trabajo de los funcionarios, lo que se salía del presupuesto e incluso podría alterar la imagen de la torre. A ello se sumaba la dudosa viabilidad de instalar una cafetería en la parte alta del edificio porque la experiencia avala que lo más rentable es ponerla a pie de calle.

Muchos edificios públicos habilitan las plantas superiores como zona de ocio o restaurante pero en este caso se prefirió destinar la azotea a una sala de juntas, la cual tiene un acceso al aljibe por una escalera de caracol.

La futura ubicación del restaurante de la Cidade da Xustiza sigue siendo una incógnita pero se baraja la planta baja, justo al lado del vestíbulo. Hay un espacio reservado para una futura cafetería aunque sin concretar.

Los antiguos concesionarios mantuvieron abierta la cafetería porque el servicio de urgencias del Xeral seguía operativo.

La Vicepresidencia Primera de la Xunta ha excluido del ámbito de la Cidade da Xustiza a la antigua cafetería del Hospital Xeral, cuya concesión termina en el 2021. Ese espacio no está ocupado por ninguna instalación, lo mismo que un anexo de torretas de ventilación.

Fuentes de la junta de personal de los funcionarios de Justicia de la provincia de Pontevedra proponen que la cafetería o ese anexo pasen a albergar la comisaría de Policía Autonómica para liberar espacio dentro de la torre. Argumentan que la zona libre se podría dedicar a nuevas oficinas judiciales o despachos.