Los deberes de Vigo para evitar el cambio climático

Pues hoy les queremos contar un primer análisis de urgencia sobre el efecto, a nivel local, que tendrá la ley de cambio climático que acaba de pasar al Senado, y que es insuficiente para abordar la emergencia climática. Aunque algo es algo. Al tráfico urbano le afectará esta ley. La hiperbólica declaración del alcalde, Abel Caballero, cuando se planteó esta medida, ahora ya incorporada a la ley, afirmando que «todo Vigo es un Vigo central» lamentablemente no es cierta y las emisiones de CO2 generadas por el tráfico superan las 600.000 toneladas anuales, más de dos por habitante. 

Frente a esto, el parque de vehículos eléctricos no llega al 0,6 %. Por supuesto que se tendrán que implementar zonas de bajas emisiones de tráfico, especialmente en el centro, y pretender esconderlo bajo la alfombra de un túnel tendrá un difícil encaje legal. Tenemos que reducir urgentemente las 600.000 toneladas anuales de CO2 que emite el tráfico de Vigo. Transversalmente tenemos que reducir el consumo de electricidad, que para empezar no será muy compatible con el proyecto Vigo vertical. El consumo es muy variable en función de las horas de uso, pero una media razonable cifraría en 10.000 kWh al año cada tramo de rampa o escalera mecánica, algo menos en los ascensores.

 Será complicado alcanzar el objetivo de reducción de un 30 % del consumo de energía si seguimos instalando rampas y ascensores por doquier. No olvidemos añadir los famosos diez millones de leds navideños, la iluminación masiva de edificios históricos y el incremento de luminarias urbanas. Por saturación estamos eliminando el factor de eficiencia de las luces LED que consumen menos, ciertamente, pero consumen. En el caso de Vigo sería prudente un consumo anual de 22 millones de kilovatios en farolas, dos millones en edificios y unos 400.000 en lucecitas de navidad. No olvidemos un detalle, todavía no contemplado en la ley, pero que puede llegar pronto: el tráfico aéreo de corta distancia. 

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 Europa empieza a plantearse prohibir los vuelos que tengan una alternativa en tren inferior a tres horas (Francia ya lo está estudiando), y el debate se abre en el resto de estados. A nivel local significaría que Peinador estaría muy cerca del límite admisible para mantener sus vuelos con origen y destino en Madrid, con la llegada del AVE. Es algo relevante, pues suponen más del 50% del volumen de pasajeros. Que el tren de alta velocidad significaría una seria competencia al avión en distancias de 600 kilómetros.

 Era previsible, pero no descartemos, si nuestra ley pretende homologarse a las normativas europeas, que a medio plazo se pueda plantear su prohibición, algo que sería climáticamente responsable. No olvidemos que el avión es el medio de transporte con mayor impacto climático por viajero desplazado, siendo insostenible en vuelos de corta distancia. Peinador contribuye al cambio climático emitiendo 179.000 toneladas anuales de CO2 en tránsito de viajeros, y 26.000 más en desplazamientos de carga. Finalmente llegamos al polémico artículo 18, que hace referencia a las concesiones en el dominio público litoral, que también incide en nuestra ría.

 La política del avestruz no funciona y la realidad, avalada por la evidencia científica, no va a cambiar porque decidamos ignorarla. No podemos hacer una ley con base en las evidencias de los efectos del cambio climático y, al llegar al artículo 18, hacer un ejercicio de autoengaño para convencernos de que dicha evidencia no existe. En el período medio de una concesión en el litoral (entre 70 y 75 años) el nivel del mar aumentará entre 14 y 20 centímetros, y su efecto será que la línea de costa retrocederá entre 14 y 20 metros sobre el perfil actual. Tenemos que asumir que nada va a detener ese proceso (la oportunidad de pararlo la tuvimos, y la perdimos, hace décadas) y lo que nos toca es actuar responsablemente.

Aquellas industrias vinculadas la litoral que carezcan de alternativas para desplazarse al interior, que muchas de ellas las tienen, deben aceptar esta realidad incompatible con nuevas concesiones y prórrogas de casi un siglo. Esta una ley muy de mínimos, pero nada impide a Vigo decidir ir por delante.