Vidas al pie de la PO-308

Desde hace meses, decenas de vecinos de Poio luchan por modificar un proyecto de seguridad vial para la PO-308, la conocida como carretera de la costa que une la capital provincial con Sanxenxo. Temen que de llevarse a la realidad lo que está plasmado, por el momento solo en papeles, podrían significar la defunción de negocios de hostelería y la modificación de muchos de sus hábitos del día a día.

Muchos aguardan a que este lunes los técnicos arrojen alguna luz sobre lo que significará realmente un proyecto, en el que a nivel político solo parecen contar con el apoyo del Partido Popular. Un apoyo que hay quien, dentro de la propia asociación de afectados, no duda en tildar de oportunista. Pero esa es otra guerra, otra historia.

A escasos trescientos metros de la entrada de Combarro se vive en la paradoja. A las puertas de uno de los atractivos turísticos de Poio, tal vez su principal valor, Manuel Ameneiros Moldes y Lucia Martínez Pousada no tienen servicios tan básicos como el alcantarillado. La reforma prevé expropiarles el cierre de su casa, una vivienda levantada a base de años trabajando en la mar, y parte de una zona que Manuel utiliza para descansar su jubilación: «Eu tiña aquí un sitio de recreo, maiormente no verán, no que puña a hamaquiña coa sombriña do pino e estaba aí relaxado. E veñen agora e quérenmo levar todo».

Llevan setenta años casados y aún mantienen el buen humor, y lo que es más raro, la confianza en la clase política, «pero non no alcalde que temos», ataja Lucia. De este modo, confían en que pueda haber una solución al polémico proyecto, aunque están dispuestos a sacrificar, incluso, su espacio de descansa si como contrapartida reciben una compensación que parece, a todas luces, justa en pleno siglo XXI: «Quítanme o peche, moi ben; mo poñen dous metros máis adentro, moi ben; non cobro nada do que vale o terreo, moi ben; pero póñanme o alcantarillado e urbanicen a zona».

Prueba de lo perentorio que resultan sus peticiones es una anécdota que Manuel Ameneiros narra con cierta socarronería. «Aquí -apunta señalando al muro de la derecha- cheira que apesta. Un día veu o alcalde e dixo ''cómo cheira aquí''. ''Ah! A vostede cheiralle agora e marcha, pero a mín sígueme cheirando''. O alcalde me respostou que esto se podía arranxar e disto xa fai catro ou seis anos».

En otros casos, lo que está en juego no es un espacio para descansar, sino la viabilidad de un negocio y del sustento de una familia.

Es el caso del restaurante El Ancla, en las proximidades de la playa de Chancelas, que está regentado por Esther Vidal y su marido José Castiñeira. En su caso, los planes de Política Territorial pasan por convertir la zona de estacionamiento, «o único aparcamento da praia de Chancelas», subraya José, en una especie de carril-bús de aceleramiento para una parada que afirman solo utiliza una persona al día.

El matrimonio teme que la perdida de este espacio redunde negativamente en un negocio que «da de comer a algo así como vinte mil persoas ao ano» y que a la larga tengan que echar el cierre a treinta años de historia en un edificio que levantaron los padres de Esther. «Noso negocio funciona ben porque nos o traballamos, non porque nadie me houbera dado nada», apunta.

En este sentido, las criticas de Esther, que es la hermana de Teresa Vidal, la portavoz de la plataforma vecinal de afectado y propietaria del bar que linda puerta con puerta con su restaurante, se centran en dos aspectos: no se expropia a todos por igual y no se subsanan las deficiencias de lo que califica como puntos negros de la PO-308. Sobre este último aspecto, sonrie y pide que algún técnico de la Xunta se coloque en la conocida y peligrosa curva de Chancelas: «A ver canto tempo pasa antes de que lle pillen os pes os coches».

En cuanto a los desequilibrios en las expropiaciones es una queja generalizada entre los afectados, muchos de los cuales ven como se prevé que se expropien parte de sus terrenos y que a los de su vecino no les toquen apenas nada. Así, lo expresa Manuel Martínez, quien quiso dejar claro que «nunca nos opuxemos a que puxeran beirarrúas e máis o aparcamento para os coches, pero o que non queremos é que fagan o que están facendo».

Alude a su caso personal, en el que teme que las actuaciones de la Administración se lleven una buena porción de su propiedad. Algo que no llega a entender, ya que «resulta que a miña casa está no casco urbano e teño un portal e unha horta, e da raia do petril ata o portal hai seis metros». Es en este punto, donde no comprende como es espacio no es suficiente para acometer la instalación de una acera y de una zona de estacionamiento: «A que ven que me queiran expropiar carenta metros cadrados dentro do portal».

Además, incide en que de llevarse a cabo esta intervención se vería afectada las tomas de algunos servicios esenciales para el día a día. «Teño familia e non podo quedar sen auga ou sen luz», concluye, al tiempo que critica que aún no hayan recibido ningún tipo de comunicación oficial informándoles sobre las consecuencias que para sus propiedades puede tener el proyecto de seguridad vial.

En similar trance se encuentra Isabel Moldes Regenjo. Esta vecina de A Pinela teme que la iniciativa de Política Territorial se lleve por delante sus sueños y el trabajo y los sacrificios de toda una vida. «Me levan todo o que teño», incide, mientras maldice que solo pretendan pagar «cinco euros por metro cadrado. Entón para que estiven pagando todos estes anos. Queren levalas [as terras] por nada».

Su voz se torna en amenaza cuando advierte de que «antes de deixalas ir teño que facer das miñas. Alguén vai ir diante de mín».

Isabel siente que el proyecto, además de promover lo que los afectados califican de expropiaciones excesivas, fomenta una nueva suerte de desigualdad social. «Expropíanlles aos pobres, e aos ricos, non. Queremos que nos saquen a todos por igual, ou que non nos saquen a ningún».

Al igual que el matrimonio formado por Manuel Ameneiros y Lucia Martínez reclama que lo más inmediato es que se dote a todo el entorno de la PO-308 de alcantarillado, dado que mientras eso no ocurra «estamos botando a merda a rúa e cheirando esa merda».

Todos coinciden en que el proyecto de seguridad vial se debe revisar, pero no de cualquier modo. «Que falen cos veciños que para iso estamos», precisa José Castiñeira.

Y como alternativa proponen que se transforme la actual carretera en una especie de avenida, al tiempo que se construya un nuevo vial en condiciones que discurra por el interior del municipio de Poio.