Un particular acusa de estafa a un constructor y pide que no pueda dedicarse a esa actividad

Aunque la fiscalía no acusa, al no apreciar delito, el constructor Bernardo Gallego se sentó ayer en el banquillo de acusados de la Audiencia de Ourense acusado de un delito de estafa y otro agravado de apropiación indebida. Un particular, que le había comprado un chalé en una urbanización que el acusado promovió en Allariz, le exige 171.000 euros y pide para él penas de prisión que suman siete años. La defensa, de acuerdo con la tesis de la fiscalía, sostiene que aún en el supuesto de que se hubiera producido la estafa, estaría prescrito.

Este caso arranca de un contrato de compraventa privada en octubre del 2006. Pactaron las partes un precio de 228.000 euros, que se pagarían e cuatro entregas, por el chalé que iba a construir el ahora acusado. Rematada la obra en 2009, entre ese año y 2010 se formalizaron ante notario las ventas de los demás chalés de la promoción. No ocurrió lo mismo con el que habían adquirido los querellantes, al haber advertido, según su versión, deficiencias en la construcción. En este punto, la defensa mantiene que no existían esos defectos, sino que los compradores no quisieron suscribir la escritura, que exigía el abono de la última entrega, porque, como entonces supieron, no tenían liquidez suficiente al verse afectados por el conflicto de las preferentes en Abanca, entonces NCG Banco.

Deuda y embargo

De una u otra manera, al no haberse cerrado la operación en su momento, una reclamación de 370.000 euros por parte de la Agencia Tributaria, derivada de una deuda de otra sociedad, dio lugar a que en agosto del 2011 se embargara el terreno y el chalé motivo de controversia, del que figuraba como titular el acusado, que había hipotecado la finca como parte de un préstamo.

El querellante, que ejerce la acusación particular en este asunto, sostiene que hizo tres entregas de dinero, una de ellas cuando la finca ya estaba hipotecada, sin ser advertido de esa situación. Aprecia, por ello, que había por parte del voluntad ánimo de quedarse con su dinero.

Financiación e hipoteca

La defensa, contrariamente, sostiene que forma parte de la actividad empresarial ordinaria la financiación con préstamos bancarios. Y razona que, como ocurrió en este caso con otros compradores, las personas que adquieren los chalés pueden subrogarse en las hipotecas del promotor o contratar otras, como hizo uno testigo, que encontró mejores condiciones en otra entidad y con esta hizo su hipotecario.

El comprador planteó inicialmente un requerimiento civil, cuando ya el constructor no podía entrega el chalé dado que estaba embargado por la AEAT. Abrió, además, la vía penal, aunque no encontró eco en el ministerio fiscal a la hora de acusar.

Aparte de la pena de prisión y la reclamación de las cantidades ya abonadas, que suman 171.000 euros, la acusación propone que se inhabilite al implicado para cualquier actividad relacionada con la construcción o con la compraventa de inmuebles.