Los libreros quieren más control de la Xunta en la venta de libro de texto

La Federación de Libreros de Ourense quiere ir más allá de la mera satisfacción obtenida este verano con la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe al colegio maristas Santa María la venta de libros. La directiva de la agrupación empresarial que preside Pilar Rodríguez pretende que la administración autonómica tome cartas en el asunto y se involucre en el cumplimiento de una resolución judicial que formalmente se limita a un caso, pero que, en la práctica, es común a otros centros educativos concertados y, particularmente, del ámbito religioso.

Al tratarse de un conflicto en el que la Federación de Libreros de Ourense ha tenido un papel de claro liderazgo, al haber decido llevar por la vía judicial una reclamación que hasta hace diez años, cuando se presentó la demanda, se estrellaba contra el silencio y la indecisión de la Consellería de Educación para hacer cumplir sus propias normas. Recuerda Pilar Rodríguez que el cambio de escenario en la reclamación había sido sugerido desde la propia delegación de Educación, toda vez que en el ámbito administrativo resultaba imposible avanzar.

Aplicación práctica

Los libreros, que anoche tenían previsto celebrar una reunión para analizar el asunto, estiman que la sentencia del Tribunal Supremo, más allá del triunfo efectivo que representa, ha de tener una aplicación práctica. Y debería tenerlo, dicen, no sólo en un centro, pues es una práctica común.

La sala de lo civil del Tribunal Supremo, al zanjar de forma inapelable este pleito, confirma punto por punto la sentencia dictada el 11 de octubre del 1999 por el entonces denominado juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Ourense. La magistrada Pilar Domínguez Comesaña, en una resolución novedosa, acogía las tesis de la Federación de Libreros de Ourense en la demanda contra la congregación religiosa Hermanos Maristas.

«Declaro la deslealtad del acto de venta o distribución de libros de texto en el colegio maristas Santa María y, en consecuencia, acuerda la prohibición de venta o distribución en lo sucesivo de libros de texto, así como designar proveedores concretos a través de los cuales deban de surtirse los alumnos», decía la parte dispositiva de la sentencia que confirma y hace suya el Supremo, incluido el pronunciamiento sobre costas de primera instancia.

Desde la Federación de Libreros estiman que la irregularidad, aunque formalmente se limita al caso de Maristas, es perfectamente extrapolable a otros centros, pues la realidad de la venta de libros en los centros concertados, bien de forma directa o indicando de manera expresa los proveedores, está muy extendido y sigue presente, en opinión de Pilar Rodríguez.

Contrario a la buena fe

La portavoz del gremio de libreros subraya cómo el Tribunal Supremo, al reafirmar la sentencia de primera instancia, deja claro que el proceder del colegio es objetivamente contrario a la buena fe. «Mediante la vulneración de una norma jurídica obtiene la demandada [el colegio] una ventaja competitiva significativa en el sector del libro de texto: ventaja de acceso a las instalaciones de una clientela importante, ahorro de coste de establecimiento mercantil, ahorro de coste de personal laboral, etc», de acuerdo con la valoración de la magistrada de primera instancia, ratificada plenamente por el alto tribunal.

El efecto que sentencia vaya a tener, al margen de que hasta ahora no se ha producido ningún movimiento por parte de la Federación de Libreros, al coincidir su publicación con el mes de agosto y con las vacaciones escolares y judiciales, tendrá una de sus claves en la intervención de la Consellería de Educación, que durante la etapa anterior no había ejecutado acción alguna para exigir su estricto cumplimiento. Esa tendencia es la que ahora pretenden romper los libreros ourensanos, con una explícita reclamación a los responsables de la consellería.