La corrupción

Corrupción, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa, entre otras varias acepciones, en las organizaciones, especialmente en las públicas, «práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores».

La definición encuentra en los múltiples casos de abuso y aprovechamiento ilícito de los que viene siendo escenario la vida política y económica de nuestro país en los últimos tiempos una verdadera plasmación real.

Y es importante resaltar que el fenómeno se extiende a las más variadas ideologías y tendencias, y tanto a organizaciones políticas y sindicales como a entidades financieras, siendo las personas y personajes implicados de muy distinta extracción social y nivel cultural.

Pretender justificar en la propia debilidad del ser humano el fenómeno de la corrupción constituye un insulto a una sociedad que, en un importante porcentaje de sus miembros, se halla en la pobreza o en los umbrales de esta y que, en todo caso, en una gran mayoría de sus integrantes, viene sufriendo las secuelas de una crisis económica que se arrastra desde hace ya unos siete años.

Los partidos políticos, los sindicatos y las élites financieras, que especialmente se ven concernidos por este fenómeno del aprovechamiento ilícito en razón a sus prevalentes situaciones dentro de la Administración pública o de la sociedad, no pueden quedar inermes ante hechos tan reprobables como los que, a diario, se suceden en sus respectivos ámbitos de actuación y no vale ni es suficiente al respecto que se formulen expresiones de perdón, más o menos sincero y convincente, sino que resulta imprescindible la adopción de valientes decisiones no solo para erradicar prácticas tan deleznables, sino también para asumir culpabilidades propias o ajenas por quienes activa u omisivamente se hacen acreedores a ello.

La gravedad de la situación por la que atraviesa en estos momentos España, pese al buen trabajo desarrollado en el tratamiento de la crisis económica que le viene afectando, requiere, no obstante, la puesta en práctica de una verdadera cirugía política y social que extraiga el calificable como cáncer conductual que la está invadiendo y que permita devolver a la ciudadanía la seguridad y la confianza de las que ha sido injustamente privada. Hay que recordar que la responsabilidad no solo tiene un ámbito estrictamente personal, sino que se extiende, igualmente, a la actuación de aquellas otras personas respecto de las que se tiene la obligación de vigilancia y control -la culpa in vigilando o in eligendo- y no parece que determinadas actuaciones o conductas observadas por personas directamente elegidas y colaboradoras inmediatas de algunos políticos o altos responsables económicos y sindicales hubieran merecido la adecuada atención y el exigible control por parte de aquellos que los eligieron y los tuvieron como inmediatos colaboradores. En democracia han de asumirse las responsabilidades no solo penales y civiles, sino también las políticas y sociales, revistiendo, estas últimas, especial significación cuando se aproxima un período electoral.

La lógica preocupación que puede producir la irrupción de nuevos movimientos políticos radicalizados en sus planteamientos renovadores y a los que la creciente y hasta incesante corrupción no hace sino proporcionarles un buen caldo de cultivo, debiera suscitar una contundente actuación neutralizadora, que obviamente pasa por el reconocimiento y reparación de los propios fallos y por la actuación conjunta en orden al restablecimiento y vigencia de valores que, en su día consensuadamente dieron vida a una Constitución que devolvió a los españoles la libertad y el orgullo de sentirse dueños de su propio destino.

Se ha de ser consciente, por otra parte, de que una nueva generación española que no conoció ni la dictadura militar franquista ni tampoco lo albores de la democracia que trajo la Transición producida en el tercio final del pasado siglo XX, pide abrirse paso y hay que dárselo, proporcionándole un contexto socio-político y económico caracterizado por la seriedad y decencia.

Concluyendo, la situación de España en estos momentos es harto delicada como para que unos cuantos desaprensivos, carentes del nivel ético imprescindible en cualquier sociedad democrática, se dediquen a corromperla con actuaciones reprobables desde todos los puntos de vista.

Benigno Varela Autrán es jurista y magistrado del Tribunal Supremo jubilado.