¿Somos los más corruptos de Europa?

Nos habían dicho que las gentes del sur de Europa siempre estábamos de fiesta. Y de ahí, por vagos y derrochadores, la dura penitencia impuesta. Pero ahora sabemos que también somos los más corruptos. Lo dice la Comisión Europea: griegos, italianos y españoles son los principales focos de la pandemia que cuesta a la economía europea 120.000 millones de euros cada año. Los propios españoles se confiesan en una encuesta: el 95 % de la población cree que la corrupción está generalizada en su país.

Me niego a admitirlo. Inclúyanme, si quieren, en el 5 % de ingenuos que se niegan a generalizar. Por más Bárcenas, ERE andaluces y Urdangarines que me pasen por el morro. Por más apelaciones a la ética luterana que, según algunos, mantiene incontaminados a los países escandinavos. No me convencerán de que los más pobres -países, provincias o personas- son también los más corruptos. ¿Alguien se cree de veras que la planta de la corrupción florece especialmente al sol del Mediterráneo? ¿O que todos los delincuentes españoles, desde los proxenetas a los políticos sobre-cogedores, sienten predilección por la muralla de Lugo? ¿Predisposición genética tal vez? ¿O vestigios de la herencia romana, quizás un legado de Julio César, de quien Bertolt Brecht dijo que «la ropa de sus gobernadores estaba llena de bolsillos»?

La corrupción apesta y conviene airearla. Pero deberíamos extremar las cautelas para evitar que, con el pretexto de extirpar el tumor, el bisturí saje órganos sanos y vitales. La presunción de inocencia, por ejemplo, un principio que la Constitución española recogió de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pasar ese principio por el arco del triunfo significa vulnerar los derechos civiles. Convertirlo en mero latiguillo retórico, después de azotar con la fusta la espalda del imputado, una obscenidad que degrada la democracia. Y sustituirlo arteramente por la máxima de «si el río suena, agua lleva», una forma de corromper el sistema. El resultado también atufa: numerosos inocentes, condenados antes de ser juzgados; y numerosos culpables, indultados tras ser condenados. A las hemerotecas me remito.

Los culpables son quienes meten mano en la caja, sobornan o aceptan el cohecho. Pero la responsabilidad recae en Gobiernos y partidos políticos. Los primeros no han sabido -o no han querido- sellar los agujeros negros de la corrupción en España: el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y la contratación pública. Los segundos politizaron la delincuencia: repartieron siglas a cada imputado y, según el color del carné, le reconocieron la presunción de inocencia o lo utilizaron como munición para atacar al adversario. Olvidaron que, como la corrupción va por barrios, acabaron transmitiendo a la ciudadanía la sospecha de que todos son iguales.