Nuestra democracia se defiende reformándola

Tengo en casa un cartelito con la imagen de todos los presidentes norteamericanos. Son 44 y la cadencia de sus mandatos es constante, sin que nada quebrara, desde 1789, tras la elección de Washington, el normal funcionamiento de la institución presidencial. Lo mismo cabe decir del Congreso, el Tribunal Supremo o las instituciones federales. Y ello pese a que la historia de EE.UU. ha estado trufada de guerras exteriores, una cruel guerra civil, dimisiones y asesinatos de presidentes y conflictos sociales y políticos terribles: el racial, con su vergonzosa segregación, de forma destacada. Pese a ello, la democracia americana ha podido con todo -también con la construcción de una nación inmensa y llena de contrastes- porque sus instituciones han resistido durante más de dos centurias.

Sin necesidad de exagerar, es claro que nuestro país atraviesa uno de sus peores momentos desde la transición. Ciertamente, a la explosiva combinación de una crisis económica brutal, de consecuencias devastadoras sobre el empleo y muy gravosas sobre el nivel de vida de la inmensa mayoría, y una crisis política de general desconfianza en partidos y políticos, se ha añadido una avalancha de casos de corrupción: el de Bárcenas no es el único, pero podría por sí solo tener demoledoras consecuencias para la estabilidad política de España.

Es en este contexto de extrema gravedad en el que creo necesario hacer un llamamiento a la cordura frente a los que tiran a lo loco contra todo (políticos, partidos, jueces, periodistas, Parlamento, autonomías y un largo etcétera) sin ofrecer más solución que el simple caos. Y es que sin instituciones sólidas ningún problema podrá solucionarse.

Pero es también ahora, por ello mismo, cuando hay que proclamar que para dar a esas instituciones verdadera solidez no podemos ya aplazar las muchas reformas que aquellas necesitan. Porque es urgente, entre otras cosas, quitar a los partidos poderes que se han arrogado al margen de las leyes; despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, para garantizar así una auténtica independencia de los jueces; asegurar de forma efectiva la imparcialidad del Tribunal Constitucional; reforzar la proporcionalidad de nuestro sistema electoral; controlar eficazmente los ingresos y limitar los gastos partidistas, reduciendo incluso el período de campaña electoral; limitar los mandatos representativos para luchar contra la esclerosis de las Cortes y los Parlamentos regionales; o reformar la Constitución para evitar el mercadeo de competencias con los nacionalistas.

¿Eso es todo? No: es un principio, sin el que no seremos capaces de evitar el riesgo creciente de que los discursos demagógicos y populistas sobre cómo vaciar el agua sucia acaben llevándose por el desagüe nuestras instituciones democráticas.