Batalla judicial en Brasil para evitar la puesta en libertad de Lula da Silva

La calma chicha que la situación política brasileña vivió durante el Mundial de Rusia, un evento que paralizó no solo las discusiones sino también la actividad de los bancos y empresas cuando jugaba la Canarinha, tuvo un abrupto despertar al mismo tiempo que su selección aterrizaba en casa. El juez de guardia en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), Rogério Favreto, firmaba una decisión que concedía al expresidente Lula da Silva la libertad con efecto inmediato, cuando se cumplen tres meses de su encarcelamiento. El auto provocó una cadena de reacciones de otras instancias judiciales, que desacreditaron a Favreto y mantuvieron preso al gran padrino de la izquierda brasileña, favorito indiscutible a las elecciones de octubre.

El juez estrella y azote de los gobiernos del PT en la instrucción de la operación Lava Jato, Sergio Moro, hizo un aparte en sus vacaciones para negarse a firmar la orden que pondría en libertad a Lula, condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por supuestamente aceptar un piso en la costa de São Paulo a cambio de contratos en la Petrobras. «El juez federal de guardia, con todo el respeto, es una autoridad absolutamente incompetente», escribió Moro en un comunicado. Favreto había atendido a la petición de habeas corpus de dos diputados del PT, concediendo la libertad «con efectos inmediatos» a Lula por considerar que se estaban violando sus derechos constitucionales y perjudicando sus opciones de concurrir a las próximas elecciones de octubre.

No restringir los derechos

«La ilegal e inconstitucional ejecución provisional de la pena impuesta al expresidente Lula no puede conculcar sus derechos políticos, ni restringir el derecho a los actos inherentes a la condición de precandidato al cargo de presidente de la República», se puede leer en el auto de Favreto. La decisión mira al carácter político del caso (hasta agosto, el tribunal electoral no se pronunciará sobre la elegibilidad o no del expresidente) y no a los intentos de la defensa del propio Lula da Silva ante el Tribunal Supremo Federal para reconocer la inconstitucionalidad de la prisión del expresidente antes de agotar todos los recursos.

Moro no solo no reconoció la autoridad del juez de guardia de la misma sala que condenó a Lula, sino que pidió una manifestación al que sí concede la facultad de ese tipo de decisiones: el juez relator de la Lava Jato en el TRF-4, João Pedro Gebran Neto. «Para evitar mayor tumulto en la tramitación de este habeas corpus, porque la decisión emitida en función de guardia puede ser revisada por mí, juez natural para este proceso, determino que la autoridad coautora y la Policía Federal se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión» tomada en el pasado abril de condenar a Lula.

Guerra de comunicados

La guerra de comunicados cruzados entre jueces de distintos escalafones volvió a encender los ánimos de una escena política y social ya de por sí partida en dos bandos irreconciliables. El PT, que precisamente esta semana había considerado que el poder judicial ya no merecía respeto alguno, movilizó a los simpatizantes acampados cerca de la cárcel de Curitiba que retiene a Lula para prepararse para una hipotética liberación, que con el paso de las horas quedó descartada. Mientras, los rivales políticos del expresidente cargaban contra Favreto, un juez que antes de serlo militó casi 20 años en el PT y fue indicado por el gobierno de Dilma Rousseff. «Menos mal que Brasil tiene un héroe, Sergio Moro», tuiteó João Doria, exalcalde de São Paulo que aspira, a corto plazo, al Palácio da Alvorada. «La situación es peor que la de 1964», espetó el ultraderechista Jair Bolsonaro, que no perdió oportunidad para agitar la sombra de un nuevo golpe militar en Brasil si Lula saliese de prisión.