La dispersión y el envejecimiento le cuestan a Galicia 900 millones al año

Hay un dato que resume la peculiaridad de Galicia frente al resto del país: de las casi 62.000 entidades de población que hay en España, prácticamente la mitad están en esta comunidad, a pesar de ocupar el 5,8 % del territorio estatal. Y todas, salvo 1.895 aldeas, están habitadas. Esto implica un enorme esfuerzo de las Administraciones por llegar a cada vecino. No solo en transporte, sino en la prestación de servicios. La dispersión de población provoca que en Galicia existan 147,3 centros de salud por cada millón de habitantes, frente a los 58,4 de media en España, o 453 escuelas e institutos públicos por cada 100.000 alumnos, 120 por encima de lo habitual. En total, los servicios económicos de la Xunta estiman que este fenómeno demográfico, solo atendiendo al ámbito sanitario y educativo, cuesta anualmente 400 millones de euros, 100 más al incluir dependencia o transporte escolar.

Hay otra variable a tener en cuenta, una que comparte con otros territorios del noroeste peninsular: el envejecimiento. El 26,1 % de la población supera los 65 años, seis puntos por encima de la media, y la proyección en el 2032 es que ese porcentaje supere el 31 %. La elevada media de edad de los gallegos implica un sobrecoste en atención primaria y especializada, servicios hospitalarios y gasto farmacéutico que el Gobierno gallego estima en 400 millones de euros.

Con esas dos variables, Galicia hace frente a un desembolso de 900 millones de euros al año para costear el impacto del envejecimiento y la dispersión de su población.

Lo hace con el sistema de financiación autonómica caducado desde el 2014, y tras varios anuncios desde el Gobierno central prometiendo, sin llegar a materializarlo, que abordaría su reforma. El último en hacerlo fue el propio presidente, Pedro Sánchez, que en una entrevista en TVE manifestó la semana pasada que buscará con las comunidades un nuevo sistema que siga «criterios objetivos» en términos de población ajustada, para evitar críticas de los Gobiernos autonómicos.

Hace dos años, el Ministerio de Hacienda hizo por un fin una propuesta a las comunidades autónomas con indicadores «más robustos, detallados y realistas» para fijar la distribución del gasto a partir de dos variables correctoras: las de carácter demográfico y las geográficas, como la densidad de población. Pero la Xunta alegó un mes después, al entender que el nuevo cálculo no consideraba el coste real de la dispersión y el envejecimiento.

Según un estudio posterior del centro de estudios Fedea, la propuesta de Hacienda aumentaría «muy apreciablemente» las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (un 8,6 % más) y Aragón (un 7 % más) y reduciría principalmente las de Canarias (perdería un 3 %) y Galicia (cedería otro 2,7), las dos grandes perjudicadas. La reforma de la financiación autonómica no se ha vuelto a abordar desde entonces.

La postura del Gobierno gallego es que el nuevo sistema «sexa froito dun consenso multilateral» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin convocar desde hace año y medio como consecuencia del ciclo electoral. «Hai que sentarse e falar entre todos, ningún imos conseguir o 100 % do que queremos, salvo os que negocian pola porta de atrás con Sánchez», denunció esta semana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Y con esa «porta de atrás» se refiere a la condonación parcial de la deuda que plantea el Gobierno, algo que, según Facenda, «non resolve ningún problema» a las comunidades, ya que entiende que las muy endeudadas tendrán que seguir acudiendo al FLA para financiarse. «A reforma urxente é a do sistema de financiamento autonómico», subrayan.

La Xunta plantea un sistema con mayor autonomía y que compense posibles perjuicios

El Gobierno gallego traslada que el actual sistema, «con correccións», puede funcionar sin necesidad de una reforma total. Advierte de que en esas modificaciones deben primar principios como la cláusula statu quo, que garantice que ninguna comunidad vaya a recibir menos recursos de los que percibía, y el de lealtad institucional, de forma que las autonomías gocen de compensaciones fiscales si la Administración del Estado ocasiona un perjuicio contra ellas. Del total de la deuda de Galicia, por ejemplo, solo un 25 % es con el Estado, mientras que en Cataluña asciende al 85.

Desde Facenda recuerdan que la comunidad cuenta con los dos factores de coste —envejecimiento y dispersión— que más la penalizan frente al resto de autonomías. Así es el modelo de financiación que plantea al Gobierno:

Suficiencia

Más recursos. Las autonomías se encargan de prestar los servicios básicos de educación, sanidad y dependencia, pero Facenda dice que el nuevo sistema afecte al total de competencias homogéneas. Además, las comunidades tuvieron que asumir con sus recursos la mayor parte del gasto en dependencia, lo que conduce a que el modelo actual las infrafinancie.

Población

Necesidades de gasto. Facenda apunta que el eje del modelo de financiación debe pivotar sobre las necesidades de gasto, y no sobre la capacidad fiscal, ya que se debe garantizar que todos los ciudadanos accedan a los servicios públicos en condiciones de igualdad a igual esfuerzo fiscal, con independencia de donde residan.

Reclama que la variable de reparto de los recursos gire en relación a la población, pero que esta se corrija por factores de coste para reflejar el distinto gasto en la prestación de los servicios en cada territorio.

Corresponsabilidad

Mayor autonomía fiscal. Las comunidades deben desarrollar su propia política fiscal, haciéndose responsables de su impacto en su capacidad de gasto y participando en la gestión de los tributos cedidos. Esto conduciría a implantar medidas tributarias más acordes a las preferencias de los ciudadanos, explica Facenda. La Xunta también plantea revisar al mismo tiempo la financiación local.