La Voz de Galicia

El servicio español dice que trabaja «dentro de la ley»

España

Julio Á. Fariñas Redacción / La Voz

La Fiscalía abre diligencias informativas sobre la denuncia de escuchas

30 Oct 2013. Actualizado a las 10:17 h.

El director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Felix Sanz Roldán, aseguró ayer, tras las acusaciones procedentes de Estados Unidos, que el servicio secreto español «trabaja siempre dentro de la ley» y con una eficacia «notable», por lo que se mostró dispuesto a comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso si se le llama para hablar sobre las supuestas escuchas masivas. En declaraciones a los medios Sanz Roldán garantizó que acudirá al Congreso si se le requiere, después de que Izquierda Plural haya presentado una solicitud de comparecencia. No obstante, precisó que «somos un servicio para la seguridad de los españoles y mantenemos en secreto aquello que es imprescindible mantener».

Solo informativas

La Fiscalía Especial de Delitos Informáticos decidió ayer abrir diligencias informativas para conocer la veracidad de las informaciones periodísticas derivadas de los documentos filtrados por Edward Snowden, según las cuales han sido intervenidas irregularmente más de 60 millones de comunicaciones de ciudadanos españoles y se ha cedido, también de forma irregular, información personal a los servicios de inteligencia estadounidenses en España.

La apertura de estas diligencias informativas -no de investigación penal, según fuentes judiciales- cuenta con la anuencia del fiscal general del Estado. La primera actuación que llevó a cabo fue solicitar al medio que ha publicado esas informaciones los documentos que dice tener y que las avalan.

Cuando los tenga en su poder, la fiscalía especial determinará si considera delictivo ese comportamiento y si los tribunales españoles son competentes para investigarlos. Precisan que en ningún caso lo serían si son hechos cometidos íntegramente en Estados Unidos. Una vez obtenidos esos documentos, si la Fiscalía considerase que tienen el valor probatorio suficiente, tendría que pedir información sobre los hechos a los Estados Unidos, «sin grandes esperanzas de obtenerla», apuntan.


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