La hora de revisar el cupo
España
Los expertos reclaman un cálculo más realista para que País Vasco y Navarra aporten más al Estado y evitar así una situación de privilegio
16 Jun 2013. Actualizado a las 12:41 h.
El líder del PSC, Pere Navarro, abrió el jueves el debate sobre el concierto vasco y el convenio navarro. Una cuestión que hasta ahora había sido «una especie de tabú», según el constitucionalista Juan María Bilbao. Expertos consultados por La Voz coinciden en que lo que privilegia a estas comunidades sobre las demás no es su sistema de financiación, sino el cálculo del cupo.
¿Qué son el concierto vasco y el convenio navarro?
Es el sistema de financiación de estas dos comunidades, basado en sus derechos históricos y amparado por la Constitución, que les permite recaudar y gestionar los impuestos y pagar luego una cantidad a la Administración central, el cupo. Se trata de «una asimetría privilegiada», según la califica Eduardo Vírgala, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, que resalta que «no hay ejemplos en el Derecho comparado en los que el Gobierno central casi no pueda recaudar impuestos en una región». Para Ángel de la Fuente, economista, investigador del CSIC y uno de los mayores expertos en financiación autonómica, es un «sistema anacrónico con difícil encaje en una democracia moderna».
¿Se podrían suprimir?
Requeriría una reforma constitucional. Para Vírgala, «plantearse la posibilidad de eliminar los regímenes financieros forales sería política-ficción», pues ambos territorios lo considerarían un casus belli y, en el caso del País Vasco, «exacerbaría hasta el extremo el independentismo». Solo UPyD y Ciutadans piden su supresión.
¿Qué es el cupo?
Es la aportación anual que realizan el País Vasco y Navarra al Estado en concepto de gastos generales por las competencias no transferidas, la representación exterior, el mantenimiento de las instituciones comunes o las infraestructuras. En el caso vasco, el porcentaje se fijó en el 6,24 % en 1981, en función del peso de la renta vasca sobre el conjunto de la española, y no se ha variado desde entonces. Cada cinco años se negocia la base sobre la que se aplica. Este año, el País Vasco debe pagar 812 millones. La aportación navarra está establecida en el 1,6 %, y en el 2012 fue de unos 550 millones.
¿Supone privilegios para estas dos comunidades?
Sí, porque aportan mucho menos de lo que deberían y están sobrefinanciadas. Según De la Fuente, supone que «no pagan la parte que en buena lógica les correspondería del coste de los servicios comunes que el Estado nos presta a todos y esto hace que sus administraciones regionales y provinciales disfruten de unos ingresos por habitante muy superiores a los de las demás autonomías a igualdad de competencias y que tengan un margen muy considerable para rebajar los impuestos que pagan sus ciudadanos, que son mucho menores que los que abonarían en el resto del país con la misma renta». Pero, como señala el catedrático de Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Francesc de Carreras, «los indudables privilegios económicos son debidos al sistema de cálculo del cupo», pues «el concierto debe y puede ser neutro, en sí mismo no es discriminatorio». Vírgala coincide en que «podría ser casi neutral y no debería generar niveles de financiación muy diferentes» en estos territorios con respeto a los integrados en el régimen general, pero el cálculo del cupo los genera. Bilbao, catedrático de Constitucional de la Universidad de Valladolid, señala que si el cupo vasco «en lugar de un 6,24 % fuese un 10 %. nadie cuestionaría el modelo».
¿Está bien calculado el cupo?
No. Debería revisarse el método. «No incluye una aportación suficiente a la solidaridad interregional», señala Bilbao. «Ni de lejos», afirma De la Fuente, que explica que «el coste de las competencias estatales no transferidas se subestima enormemente y los cálculos que se realizan para repartir los rendimientos del IVA entre las dos administraciones se realizan con coeficientes desfasados». Lo que «se traduce en una aportación a la Hacienda española muy por debajo de lo que exigiría una aplicación razonable de la ley del concierto». En el 2007, última renegociación del cupo, el País Vasco aportó 4.500 millones dwe euros menos de lo que debería al Estado. De Carreras critica la forma bilateral de negociar el cupo, «sin publicidad y con las Cortes dando siempre por bueno el acuerdo al que llegan los gobiernos vascos y navarros con el español».
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