Romay se encargará de supervisar el código de buenas prácticas en el PP

El Partido Popular ha creado la figura de auditor de prácticas internas para velar por el cumplimiento del nuevo código ético que la dirección de este partido presentó ayer. El ex ministro de Sanidad y ex presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Beccaría ostentará este cargo.

El PP aprobó ayer el Código de Buenas Prácticas, un compendio de instrumentos, compromisos y nuevas normas internas de obligado cumplimiento para todos sus cargos públicos, dirigentes políticos y gerentes para tratar de evitar que el principal partido de la oposición vuelva a verse salpicado por otro escándalo Gürtel.

A la reunión, debido al temporal de nieve, no pudieron asistir un tercio de los miembros de la dirección nacional, entre ellos el presidente valenciano, Francisco Camps, uno de los políticos afectados por el escándalo político y judicial.

Transparencia y austeridad

La vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y su equipo analizaron durante algo más de dos meses las lagunas internas por las que logró colarse, principalmente en Valencia y Madrid, durante años el entramado de empresas de Francisco Correa. Tras el estudio, presentó al comité ejecutivo nacional una batería de propuestas anticorrupción, basadas en los principios de transparencia, eficacia y austeridad.

Mato explicó que se trata de un código similar al que rige el trabajo de algunas empresas privadas y del sector público con un compromiso de «autoexigencia» para los dirigentes que «va más allá de lo que obliga la ley». Por esta razón, añadió, los representantes públicos del Partido Popular deben «abstenerse de cualquier conducta que aunque sea legal dañe la honorabilidad» del partido. Los dirigentes populares, de acuerdo al nuevo régimen de conducta, no podrán ejercer actividades privadas que supongan un conflicto de intereses con el cargo, ni podrán aceptar trato de favor o privilegio alguno ni influirán en trámites administrativos que reviertan en beneficio propio o de su entorno familiar o social, y garantizarán un «respeto absoluto» al régimen legal de incompatibilidades.

El código ético se basa en tres pilares: la carta de compromisos, las nuevas normas que regirán la contratación de los servicios externos en todos los territorios, y la creación del cargo específico de auditor de prácticas internas, el máximo responsable de que todo el catálogo de medidas se cumpla por todos, a rajatabla, y que quien lo ignore o se desvíe sea sancionado.

La carta de compromisos es el corazón del proyecto. Se trata de un documento que tendrán que firmar a partir de enero próximo todos los dirigentes y gerentes nacionales y territoriales del PP, así como cualquier afiliado o simpatizante que en el futuro quiera formar parte de las listas para las próximas elecciones catalanas, municipales y autonómicas, y las generales. Quien no suscriba el compromiso no podrá seguir en la dirección del partido ni podrá acceder al cargo público.

Dos de los puntos esenciales están inspirados, sin duda, en la crisis interna desatada por la trama delictiva de Correa. Por un lado, la prohibición de aceptar cualquier tipo de regalo o favor que exceda del mero detalle y, por otro, la obligación asumida por escrito de poner el cargo a disposición del partido cuando así lo exija el comité de garantías -el tribunal interno-, por entender que la permanencia daña al partido.