El PP califica de montaje de Interior el informe sobre su financiación

El PP niega que haya montado una Filesa para financiarse ilegalmente en Valencia, como sostiene un informe de la Brigada contra el Blanqueo de la Policía. Francisco Camps y Ricardo Costa, con el apoyo del PP valenciano y de la cúpula del partido, se atrincheraron ayer en el desmentido a las acusaciones que se derivan de la investigación policial, al tiempo que acusan al ministro del Interior de haber orquestado un montaje. Mariano Rajoy ha dado carta blanca al presidente de la Generalitat valenciana para impulsar esta estrategia defensiva, en la que él mismo colaboró aplazando cualquier decisión hasta las resoluciones judiciales. Pero en las filas del partido bulle el malestar de muchos dirigentes de la dirección nacional que consideran la situación insostenible mientras Costa y el vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, no dimitan.

El hecho de que no haya actuaciones judiciales ha permitido a la dirección del PP culpar al ministro del Interior de urdir una operación de descrédito a partir del informe policial que revela la existencia de operaciones irregulares en la financiación de la organización en Valencia, a través de la contratación de Orange Market, la empresa valenciana del entramado de Francisco Correa.

«Yo me atengo a lo que digan los tribunales», dijo Rajoy, tras apuntar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó investigar el asunto. «El tribunal ha dicho que, para ellos, este caso no existe», sostuvo el líder de la oposición.

Todos los dirigentes de la cúpula nacional salieron ayer en tromba a apoyar la tesis negacionista que lidera Francisco Camps y que también sostuvo en la Comunidad Valenciana durante una larga rueda de prensa su secretario general, Ricardo Costa, uno de los protagonistas de las conversaciones interceptadas por la policía y cuyas transcripciones se adjuntan al controvertido informe policial. Según Costa, se trata de «un claro montaje instigado por el Ministerio del Interior», argumento apoyado con idéntica contundencia por el coordinador de Libertades y Justicia del PP, Federico Trillo, que aseguró que se trata de «un montaje urdido por la policía gubernativa», la «policía de confianza» del ministro. El diputado valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, siguió la misma senda y expresó su sospecha de que Rubalcaba fue «la mano política» responsable de esta actuación policial.

Opresión política

Por elevación, otros dirigentes del PP acusaron al presidente del Gobierno de instigar este tipo de «montajes», que los populares enmarcan en la persecución que llevan denunciando desde el pasado agosto y que ahora Trillo resume como una situación de «indefensión» y «opresión política» que padece su partido. Camps no quiso pronunciarse, pero ya se adelantó a los comentarios de sus compañeros el pasado jueves, cuando manifestó ante parlamentarios autonómicos que el éxito del Partido Popular valenciano supone un riesgo para el PSOE en el poder y dijo que «si alguno pudiera, me gasearía», en una alusión que todos interpretaron referida al presidente Rodríguez Zapatero.