Disputa por los «números rojos»

Gobierno y comunidades autónomas están enfrentados por los métodos de cálculo que deben usarse para revisar el sistema de financiación territorial, pues, según las cuentas que se tomen como referencia, la discrepancia puede llegar hasta los 3.000 millones de euros. El Ministerio de Economía y Hacienda, que pretende presentar en la primera quincena de julio su informe definitivo sobre el impacto del crecimiento de la población en las arcas autonómicas, sostiene que no hay déficit en el saldo regional total, aunque sí en cinco de ellas, mientras que éstas alegan que esas cifras «no son reales». El lunes pasado, el departamento de Pedro Solbes concretó en números sus argumentos de las últimas semanas, es decir, que la necesidad financiera de las autonomías no es tanta como se creía, e incluso que el modelo actualmente en vigor desde 2002 tendría recursos suficientes para cubrir sus deficiencias. De hecho, según los dos mecanismos de cálculo presentados ante las comunidades, uno conforme a los ingresos reales en ese año y otro con la recaudación prevista en la norma autonómica, habría un «exceso» de 2.408 y 984 millones de euros, respectivamente. Conforme al primer cálculo, sólo Baleares y Canarias presentarían números rojos en sus necesidades de gasto (fundamentalmente, sanitario), de 84,3 y 74,9 millones, respectivamente. El resto disfrutaría de una situación técnica de superávit, que llegaría hasta los 591,1 millones en el caso de Madrid, los 493,6 millones de Andalucía y los 384,9 millones de Cataluña. Si se toma la segunda fórmula del Ministerio, ese exceso financiero se reduce (liderado por los 346,2 millones de Andalucía) y aparecen hasta cinco autonomías con déficit: Canarias (110,8 millones), Baleares (94,1), Comunidad Valenciana (39,6), Murcia (27,2) y La Rioja (7). Sistema «perverso» Con arreglo a las cifras que el Gobierno quiere usar como referencia, la necesidad financiera de las autonomías con déficit oscilaría entre el 1% y el 6% de las cantidades actuales, mientras que el sobrante llegaría al 5% (caso de Asturias), aunque en la mayoría de los casos estaría entre el 1,5% y el 3,5%. Pero las cuentas que hacen la mayoría de las comunidades -con independencia de su signo político- son muy diferentes, en especial en Andalucía, Cataluña, Madrid, Extremadura, Baleares, Asturias y La Rioja. De hecho, con sus distintos cálculos, les saldría un agujero total de entre 900 y 1.800 millones de euros. La explicación, según su versión, es que el sistema utilizado por el Ejecutivo central es «perverso», pues no tiene en cuenta ni el elevado incremento de la población (3,7 millones de personas) desde 1999, año tomado como base, ni las competencias impropias asumidas desde entonces, como la atención a los inmigrantes. Reconocen, no obstante, diferencias entre las propias comunidades a la hora de dar mayor peso a un criterio u a otro, como ocurre con la población (caso de Madrid) y la superficie (Castilla y León). Las alegaciones de las autonomías están en manos de Hacienda y está previsto que se unan al informe oficial del Ministerio para ser remitidos después en un solo texto al Consejo de Política Fiscal.