El Gobierno quiere limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración

El Gobierno pretende limitar más el tiempo que los interinos pueden ocupar una vacante de empleo público tras el fracaso cosechado en su lucha contra la temporalidad en la Administración Pública, que se mantiene en el entorno del 30 %, lejos del 8% prometido, a diferencia de lo que ha ocurrido en el sector privado, que ha reducido su tasa a mínimos del 15% con la entrada en vigor de la reforma laboral. Esto ya ha tenido consecuencias directas puesto que la Comisión Europea bloqueó el pasado julio el pago de 626,61 millones de euros de los fondos europeos por incumplir con «uno de los hitos clave»: introducir medidas eficaces para reducir el empleo temporal.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de Óscar López, ya ha presentado a las comunidades las líneas maestras del nuevo plan para luchar contra la temporalidad en España, la más elevada de Europa. La propuesta reduce de tres a dos años el tiempo máximo que un interino puede ocupar una vacante y establece que, una vez superado, «solo podrá ser ocupada por un funcionario de carrera». Desaparece la opción de que la misma persona continúe en el puesto si la plaza queda desierta, una modificación que despierta dudas legales por la jurisprudencia del Supremo.

 Contratos encadenados

La nueva redacción elimina también la posibilidad de que otro interino ocupe la misma plaza y limita los contratos encadenados: «No podrá nombrarse personal interino a quien ya hubiera sido nombrado en la misma Administración en una o varias relaciones diferentes, por un período total que supere el máximo de dos años, hasta pasados seis meses desde el último nombramiento». Asimismo, fija que estas vacantes «han de incluirse en las ofertas de empleo público correspondientes al ejercicio en el que se produzcan».

Para Comisiones Obreras, estas medidas supondrían un «perjuicio gravísimo» para la continuidad del servicio público y establecerían «más trabas a la contratación», por lo que serían «totalmente ineficaces» para cumplir el objetivo de estabilización. «Es un parche y no aborda la problemática», añaden desde CSIF.