«Louzán se comprometió a respetar todos los acuerdos»

?l 1 de mayo, tras largos meses de trámites infructuosos, la empresa Obexcar decidía presentar un recurso contencioso administrativo contra el Concello de Ribadumia por impago. La empresa reclama 411.405,25 euros por obras realizadas entre los años 2000 y 2002, que en su mayoría fueron contratadas verbalmente con el entonces alcalde, Nené Barral. Ayer, el gabinete de letrados CGP Abogados, representantes y portavoces legales de la compañía, se referían al caso como «indignante». «Lo más indignante de todo -explican los letrados- es que se presuma de la creación de puestos de trabajo en un polígono a expensas de una empresa pequeña, que ha tenido que despedir a nueve de sus catorce trabajadores por los problemas de liquidez que provoca el impago de esa cantidad, muy importante para nosotros». La firma entiende que la responsabilidad de lo sucedido recae en tres personas. «En primer lugar, Nené Barral, que fue quien nos contrató; en segundo lugar Rafael Louzán, que se comprometió con los pagos y a respetar todos los acuerdos, a continuar las obras, aumentando el nivel de endeudamiento; y Salomé Peña, conocedora de todo y que siempre nos dio largas». Obexcar argumenta que el Concello de Ribadumia se ha beneficiado «del cobro de licencias de obra y apertura, además del impuesto de actividades y otras tasas, y del dinero de la venta de las parcelas, que habría que preguntarse dónde está». La pregunta es inmediata: ¿Por qué asume Obexcar obra pública sin un contrato oficial? La firma defiende su carácter legal: «La contratación directa está prevista en la ley en casos de urgencia, y el polígono se trató como tal; por eso y porque Nené cumplía con los pagos -los problemas viniero después- nos arriesgamos con ellos, porque lo que cualquier empresa quiere es trabajar».