"Vivimos en un cementerio"

Pablo es uno de los 125.000 desaparecidos que hay en México, según datos del Gobierno; la mayoría desde 2019. A esas terribles cifras hay que añadir los 400.000 asesinados desde 2006 en la guerra contra el narco. Familiares de las víctimas se han unido a los cientos de colectivos que tratan de encontrar a sus seres queridos. Alejandrina forma parte de uno de ellos.

El cártel que secuestró a Pablo es la organización criminal más peligrosa de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG, fundado en el estado de Jalisco en 2009 por el expolicía Nemesio Oseguera, alias el Mencho. Tepic, donde desapareció el hijo de Alejandrina, está a solo tres horas en coche de Guadalajara, la capital de Jalisco.

La presidenta de izquierdas Claudia Sheinbaum ha prometido investigar el destino de los desaparecidos y acabar con los cárteles. Muchos de sus predecesores ya lo intentaron antes, o eso dijeron. Pero esta vez el desarrollo económico del país depende de ello: el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto aranceles del 25 por ciento a numerosos productos mexicanos, alegando que el Gobierno no combate el narcotráfico y la migración. Y México depende económicamente de Estados Unidos. De momento, el Fondo Monetario Internacional ya predice una recesión.

Trump ha incluido al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. Planea perseguirlos con drones armados y está considerando enviar tropas de élite. De hecho, recientemente se avistó un avión espía estadounidense sobre la costa del Pacífico mexicano; y, en marzo, Trump ordenó el envío de dos buques de guerra al golfo de México cerca de la frontera.

Las autoridades de seguridad norteamericanas culpan al CJNG y a su rival, el cártel de Sinaloa, del fentanilo que se consume en Estados Unidos. Los precursores químicos con los que se fabrica este opioide sintético provienen principalmente de China y son recibidos por los cárteles en los puertos del Pacífico mexicano. Frente a esas acusaciones, Sheinbaum pone en valor sus logros: los asesinatos han disminuido y 29 importantes capos han sido extraditados a Estados Unidos. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, de hecho, goza de buena reputación en el país vecino y colabora estrechamente con sus autoridades: desde que asumió el cargo, ha desmantelado más de 750 laboratorios de drogas y está montando una nueva fuerza de élite que operará a nivel nacional.

Pero la gran prueba de fuego será la lucha contra el CJNG: sus jefes son más brutales aún que los del cártel de Sinaloa, hoy desgarrado por una guerra interna. «El CJNG está aprovechando la debilidad de su rival para crecer», afirma el experto en seguridad David Saucedo. Investigadores internacionales sugieren que la organización emplea a más de 28.000 hombres y mujeres y que en la actualidad ha extendido su poder a los 31 estados de México. Pero su centro es Jalisco, su territorio de origen, donde el CJNG controla a alcaldes, fiscales y policías. Y no hay que pasar por alto que Guadalajara, la capital de ese estado, será una de las tres ciudades mexicanas sede de la Copa Mundial de la FIFA del próximo año. Jalisco es, de hecho, el estado con mayor número de desaparecidos: más de 15.000; entre ellos, 7000 jóvenes. La mayoría ha caído en las garras del cártel. Se desconoce cuántos siguen con vida.

A medida que el cártel crece, necesita engrosar sus filas. Y para ello se vale de una combinación de publicidad y coerción. Por ejemplo, recluta a hombres y mujeres a través de TikTok. «Las cuatro letras de Guadalajara te invitan a trabajar con nosotros», dicen en uno de sus vídeos. Pero, al parecer, no se están presentando suficientes voluntarios y también recurren al reclutamiento forzoso. Pablo fue una de sus víctimas. «Me dijo que lo secuestraron y lo llevaron a otro estado», explica su madre. Alejandrina llamó a un número de teléfono que le proporcionó un informante. «Me conectaron con un comandante al que llamaban el Colombiano –cuenta–. Me confirmó que mi hijo estaba con ellos, pero no pude hablar con él». El cártel le prohibió tener más contacto; de lo contrario, su vida y la de su hijo correrían peligro.

Expertos en seguridad confirman que el CJNG emplea a exguerrilleros y soldados de Colombia y Centroamérica. «Entrenan a los sicarios del cártel en torturas y fabricación de bombas», afirma Saucedo. Los gánsteres poseen un vasto arsenal de armas, drones, minas y lanzacohetes. En sus propios talleres, el cártel convierte camionetas y camiones en monstruosos vehículos blindados. De hecho, las tropas asesinas del CJNG están organizadas según criterios paramilitares.

La crueldad sistemática del cártel quedó patente tras un descubrimiento que en marzo acaparó titulares a nivel mundial. Familiares de personas desaparecidas, unidas al colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco, entraron en un campo de entrenamiento abandonado. La propiedad, llamada Rancho Izaguirre, está a 60 kilómetros de Guadalajara. En uno de los edificios, las madres encontraron cientos de mochilas, zapatos y ropa que pertenecían a personas desaparecidas. Alejandrina vio un par de zapatillas Nike negras en un vídeo. «Son de mi hijo», dice.

Las investigaciones posteriores revelaron el sanguinario sistema del cártel. El narco atraía a jóvenes con falsas ofertas de trabajo y los citaba en estaciones de autobuses, donde los recogía y los llevaban al rancho. «Cualquiera que se negara o intentara escapar era asesinado», declaró García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Indira Navarro –líder de los Guerreros Buscadores de Jalisco– fue una de las primeras en entrar en el rancho, donde encontraron cenizas con fragmentos de huesos, muelas y empastes dentales, y afirma: «Allí incineraban a la gente». El fiscal general Alejandro Gertz Manero, sin embargo, niega estas acusaciones. Los familiares lo acusan de mentir y exigen su destitución mientras continúan su búsqueda. Cada domingo, los Guerreros Buscadores de Jalisco se reúnen en una gasolinera de Guadalajara. Desde allí parten juntos cada vez que reciben información sobre fosas comunes. Hoy tienen una dirección en su lista. Una mujer que buscaba a su hijo ha recibido una pista anónima en su celular.

La líder de los familiares, Navarro, va siempre acompañada por seis soldados de la Guardia Nacional con el rostro enmascarado. El Gobierno le asignó guardaespaldas tras recibir varias amenazas de muerte. La mayoría de los miembros del colectivo de búsqueda son mujeres, equipadas con picos y palas y vestidas con camisetas que llevan impresas las fotos de sus familiares. Han cubierto las matrículas de sus coches con pañuelos.

Una motocicleta sigue al convoy. «Es un explorador del cártel», dice Navarro. La propiedad a la que llegan está abandonada; la zona, cubierta de maleza. Las mujeres forman un círculo, se toman de las manos y rezan. «¿Por qué los buscamos?», preguntan en voz alta. «¡Porque los amamos!». Aplauden y luego empiezan a cavar en tres puntos distintos. Clavan repetidamente varillas de hierro en la tierra, las sacan y las huelen. «Así olemos si debajo hay un cadáver», dice Navarro.

A menudo reciben pistas falsas, dice Navarro, y a veces incluso un chivatazo avisa al cártel con antelación. «Hay gente en la Fiscalía que colabora con el crimen organizado». Pero las mujeres no se desaniman. Decenas de fosas comunes se han descubierto gracias a ellas. Navarro lo explica claramente: «Vivimos en un cementerio».

Recientemente, Sheinbaum invitó por primera vez a colectivos de búsqueda de todo el país para dialogar. Las organizaciones de Jalisco fueron las primeras en la agenda. Se reunieron con el secretario de Gobernación a puerta cerrada en un hotel durante más de cinco horas. Alejandrina Orozco estuvo allí. Pero no confía en que cambie nada. «Nos han mentido tantas veces que ya no creo nada». Al menos confía en que, finalmente, la dejen inspeccionar los zapatos que sospecha pertenecen a su hijo. Las zapatillas Nike estaban registradas como prueba número 45.

El caso del Rancho Izaguirre obligó a Sheinbaum a actuar. Retiró la investigación de las autoridades locales por su inacción. Dos policías de un pueblo vecino fueron arrestados por presunta colaboración con el CJNG. El alcalde del municipio donde se ubica el rancho también ha sido arrestado. La Fiscalía lo acusa de estar involucrado en desapariciones forzadas. Testigos aseguran que los reclutados por el cártel son obligados a comer carne humana como rito de iniciación.

Sheinbaum debe lograr un delicado equilibrio político. Satisfacer a los familiares de los desaparecidos, mantener la unidad de su partido y complacer a Trump. El alcalde arrestado pertenece a un partido de oposición, al igual que el gobernador de Jalisco. Sin embargo, en otros estados, políticos de su propio partido, Morena, presuntamente tienen vínculos con los cárteles. Hasta el momento, la presidenta no ha hecho ningún intento por combatir a la mafia que opera dentro de sus propias filas.

Recientemente, Sheinbaum invitó por primera vez a colectivos de búsqueda de todo el país para dialogar. Las organizaciones de Jalisco fueron las primeras en la agenda. Se reunieron con el secretario de Gobernación a puerta cerrada en un hotel durante más de cinco horas. Alejandrina Orozco estuvo allí. Pero no confía en que cambie nada. «Nos han mentido tantas veces que ya no creo nada». Al menos confía en que, finalmente, la dejen inspeccionar los zapatos que sospecha pertenecen a su hijo. Las zapatillas Nike estaban registradas como prueba número 45.