Los 'generales' del terror: así dirigen la estrategia del ICE, incluso en España

Pese a su condición de civiles, Lyons, Miller y Noem actúan como los tres 'generales' al mando del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). No es solo una patrulla fronteriza o una policía migratoria. Es un leviatán de 30.000 millones de dólares de presupuesto con oficinas en más de 50 países –incluido España– que nació para combatir el terrorismo tras el 11-S y que en un año ha sido reconvertido en la mayor fuerza paramilitar de la historia de una democracia occidental.

El despliegue en Minneapolis, con sus agentes enmascarados y sus detenciones arbitrarias (niños incluidos), es solo un campo de batalla de una guerra a gran escala. El ICE opera en todo Estados Unidos y en medio mundo. Aunque Tom Homan –el mediático «zar de la frontera»– y Greg Bovino –exjefe de operaciones en Minnesota– hayan sido los rostros visibles, ellos conforman el segundo escalón. El poder real reside en Miller, Lyons y Noem: un triunvirato que responde exclusivamente ante la Casa Blanca. Es esta estructura de mando directa y la falta de supervisión lo que ha llevado a expertos constitucionales y organizaciones de derechos civiles a denunciar que el ICE ha dejado de actuar como una agencia federal y puede convertirse, de facto, en el ejército privado de Donald Trump. ¿Cómo ha podido pasar?

El 12 de mayo de 2025, Todd Lyons –que cumple un año en su cargo como director– firmó un memorando de dos páginas que dinamita dos siglos de jurisprudencia americana. El documento, filtrado por un denunciante anónimo al Congreso, autorizaba a los agentes de Inmigración a entrar por la fuerza en domicilios privados sin orden judicial. Bastaba con un papel que ellos mismos generaban y firmaban. Y últimamente los agentes se sienten tan intocables que ni se molestan en cumplimentar este trámite.

Lyons nunca ha comparecido ante el Senado para explicar nada de lo que hace. De hecho, la agencia, que ha triplicado su presupuesto en este último año, lleva funcionando casi una década sin control parlamentario. Conviene recordar que Barack Obama deportó a más personas que ningún otro presidente: 438.000 solo en 2013, una cifra que Trump pretende batir. La diferencia no está solo en los números, sino en el cómo. Al margen de la ley.

Lyons no concede entrevistas ni tiene perfil público en redes sociales. Sin embargo, este veterano de la Fuerza Aérea reconvertido en burócrata dirige hoy una maquinaria con más recursos que todas las policías locales y estatales de Estados Unidos juntas. Su visión del cargo la resume él mismo: «Tenemos que gestionar esto como un negocio, como si fuera Amazon Prime intentando entregarte tu pedido en 24 horas». Seres humanos reducidos a un problema logístico de paquetería.

Lyons ejecuta las órdenes, pero el que las da no aparece en lo más alto del organigrama. Es Stephen Miller, un hombre de apariencia anodina: 40 años, calvo, traje gris. Hay que escarbar para encontrar su cargo: subjefe de gabinete. Pero, según el diario digital Axios, la cadena de mando real del ICE pasa por Miller, que no da cuentas al Congreso ni a los tribunales. Cada mañana a las diez, incluidos los sábados, celebra una videoconferencia en la que exige cifras. Su objetivo: 3000 detenciones diarias. Un millón de deportaciones al año.

Miller creció en una familia judía de Santa Mónica (California). Un tío suyo, el neuropsicólogo David Glosser, publicó un artículo en Politico en el que recordaba que la familia Miller llegó a Estados Unidos huyendo de los pogromos antisemitas del Imperio ruso. Con la política migratoria que defiende su sobrino nunca habría entrado. «Siento horror», resume Glosser.

Nada de esto es improvisación. Miller aparece en los vídeos promocionales de Heritage, el think tank conservador convertido en la sala de máquinas del trumpismo. El capítulo de inmigración del Proyecto 2025, la hoja de ruta de la Fundación Heritage para este Gobierno, detalla lo que hoy ejecuta ICE: eliminar zonas 'santuario' en escuelas e iglesias, expandir deportaciones exprés sin juez, reconvertir grandes recintos en macrocentros de detención…

Fue Miller quien forzó la transformación del ICE en lo que es hoy. Fue él el que, tras la primera muerte de una ciudadana a manos del ICE en Minneapolis, Renee Wood, madre de tres hijos, la presentó en redes como «terrorista doméstica». Fue él quien garantizó a los agentes «inmunidad total». Y fue él quien, según The Wall Street Journal, dictó a Noem la declaración que llamaba «asesino a punto de perpetrar una masacre» al segundo ciudadano muerto, el enfermero Alex Pretti.

Kristi Noem es quien defiende al ICE ante las cámaras. Exgobernadora de Dakota del Sur, ha comparecido a caballo en la frontera como en un wéstern y, cuando estalló la polémica por las deportaciones de venezolanos a las cárceles de Bukele, voló a El Salvador para hacerse fotos ante las celdas. En sus memorias de 2024 contó sin pestañear cómo había pegado un tiro a Cricket, su perro de caza de 14 meses, porque el animal no aprendía. Lo presentó como prueba de carácter. Hasta a Trump, que estaba considerando que fuera su candidata a vicepresidenta, le pareció demasiado. Pero siempre la tiene cerca. Y siempre la defiende.

«¿Está el presidente de Estados Unidos construyendo su propia milicia paramilitar?», se pregunta The Economist. Y Anne Applebaum, historiadora ganadora del Pulitzer y la mayor experta viva en totalitarismos, escribe que este tipo de fuerza «podría tener otros usos en el futuro». La frase es ambigua pero inquietante. Para comprender la magnitud de lo que se está gestando, es imprescindible entender la verdadera anatomía del ICE. Lejos de ser una simple policía migratoria, es un organismo bicéfalo nacido del pánico tras los atentados de las Torres Gemelas; un gigante que casi nadie –empezando por los propios estadounidenses– alcanza a descifrar.

El ICE funciona mediante dos divisiones que habitan universos distintos. La primera es la HSI (Homeland Security Investigations): una red de más de 7000 agentes especiales presentes en 90 oficinas internacionales. Se encargan del narcotráfico, el blanqueo y el terrorismo. Es la mayor presencia policial de Estados Unidos en el extranjero. Mientras la CIA se dedica al espionaje, los agentes de la HSI en la Embajada de Estados Unidos en la calle Serrano, de Madrid, son policías con placa que investigan delitos reales en suelo español.

La otra cara es la ERO (Enforcement and Removal Operations): el brazo ejecutor de las deportaciones. Es la imagen que la opinión pública identifica con las siglas de la agencia. Son, por tanto, dos organizaciones con misiones divergentes forzadas a convivir bajo un mismo paraguas administrativo.

Ben Rhodes, que fue asesor de seguridad nacional de Obama, ha explicado en el New York Times por qué esa arquitectura importa. Cuando el Congreso creó el Departamento de Seguridad Nacional en 2002, metió bajo el mismo techo a más de veinte agencias sin relación entre sí. El único hilo que las conectaba era que, hipotéticamente, podían ayudar a prevenir otro 11-S. Bush lo vendió como una empresa antiterrorista. No mencionó la inmigración ni una sola vez. Pero, al sacar el control migratorio del Departamento de Justicia –donde había estado siempre, sujeto a supervisión judicial– y meterlo en un departamento concebido para la guerra, lo convirtieron en otra cosa. ICE nació desconectada de la cultura del Estado de derecho.

El triunvirato actual pretende alinear todos los recursos de la agencia hacia un objetivo: la consolidación de una maquinaria de control interno sin precedentes. Y esto ni siquiera es nuevo. Es algo que Trump tenía entre ceja y ceja desde hace tiempo. En 2018, durante su primer mandato, 19 jefes de división de la HSI –los agentes más veteranos de la rama de investigaciones– firmaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional para pedir que los separaran del ICE. Decían literalmente que las policías locales ya no querían trabajar con ellos por la toxicidad de las deportaciones. Compararon la situación con meter al FBI y al servicio de prisiones bajo el mismo techo: «Nuestras investigaciones están siendo percibidas como persecución de inmigrantes, en lugar de lo que son: operaciones contra organizaciones criminales transnacionales». La carta fue ignorada. Y ahora, en el segundo mandato, no solo no los han separado, sino que están arrastrando a agentes de HSI a las operaciones de deportación en Minneapolis.

Minneapolis es donde la teoría se ha materia-lizado. La Operación Metro Surge comenzó el 1 de diciembre de 2025: más de 3000 agentes federales enmascarados, de civil, en vehículos sin identificar, sin cámaras corporales ni números de placa. Entran en casas con arietes usando las órdenes administrativas que autorizó Lyons. El 7 de enero mataron a Renee Good. El 24 de enero, a Alex Pretti. El 23 de enero, con 20 grados bajo cero, decenas de miles de personas marcharon en lo que se ha descrito como la primera huelga general en Estados Unidos en décadas. Springsteen ha escrito una canción sobre «el ejército privado del rey Trump».

Pero el ICE dispone de cada vez más medios. Y de más impunidad. Solo para lo que llaman «reclutamiento de tiempos de guerra» disponen de un presupuesto de cien millones de dólares. Según el Washington Post, que obtuvo el documento donde se detalla, la agencia usa geovallado –cercos digitales invisibles– para enviar anuncios a los móviles de cualquiera que pise una feria de armas, un combate de UFC (artes marciales mixtas) o una base militar. Busca oyentes de pódcast patrióticos, fans de country, coleccionistas de armas. Los anuncios hablan de «deber sagrado» y de «repeler a los invasores extranjeros». Investigadores de extremismo identificaron que varios usaban eslóganes que solo circulan en foros supremacistas. «Cuando los agentes armados operan fuera del alcance de la ley –escribió una veterana de Irak–, ya no son servidores públicos». La frase resume lo que está en juego. No es solo una cuestión de política migratoria. Se está dilucidando qué tipo de país quiere ser Estados Unidos. Y el resto del mundo democrático debería tomar nota.