Los 'químicos eternos' están en todas partes: desde la sartén al agua del grifo. Y tienen consecuencias...

La exposición es masiva e incluye compuestos con nombres como pirorretardantes, ftalatos, glifosatos o PFAS, 'químicos eternos' de extremada persistencia en nuestros tejidos cuyo uso se extiende por casi todos los sectores industriales.

Hablamos de miles de sustancias que están por todas partes. En el revestimiento de las cajas de comida rápida y envío a domicilio, en la de palomitas que te comes en el cine, en la pajita de cartón impermeable de los refrescos, en los utensilios de cocina antiadherentes, en ropa, alfombras, colchones o muebles para evitar que ardan con facilidad; en jabones, champús, desodorantes, dentífricos, perfumes y maquillaje; en los dispositivos eléctricos y electrónicos... Son apenas algunos de los componentes del cóctel tóxico en el que vivimos. Una mezcla explosiva que ya transmitimos a las nuevas generaciones. «Los niños nacen hoy envenenados», describe con crudeza el doctor Marcos Orellana, relator especial sobre sustancias tóxicas de la ONU.

Las enfermedades asociadas a esta exposición masiva –cáncer, diabetes, infertilidad, obesidad, hipertensión, hiperactividad, síndrome metabólico, endometriosis, alergias, malformaciones genitourinarias, hipotiroidismo...– son el peaje del 'progreso', ese bienestar que nos proporciona la industria de bienes de consumo a un precio, por lo que se ve, demasiado caro. Solo en términos económicos para los sistemas sanitarios, la factura en la UE supera los 157.000 millones anuales. Y eso que la cifra, de la centenaria Endocrine Society, es de 2015. Desde entonces ha llovido mucho para un 'monstruo' insaciable que genera compuestos a velocidad de vértigo.

Antes del gran salto en el consumo posterior a la Segunda Guerra Mundial, la industria química producía un millón de toneladas anuales de compuestos sintéticos. En 2010, la producción alcanzó los 800 millones de toneladas. Hoy crece un 4,5 por ciento al año. Según un censo publicado en la revista Environmental Science & Technology, en el planeta se producen y comercializan unas 350.000 sustancias químicas de síntesis, 225.000 más que diez años atrás. Un crecimiento amparado por una falta de transparencia que clama al cielo.

1. Un veneno de película

Bucky Bailey (arriba izda.) nació con una sola fosa nasal y un ojo desfigurado. En 1981, cuando nació su madre trabajaba en una fábrica de productos químicos especializada en hacer teflón. Dupont, la firma propietaria, sabía que la sustancia clave –y extremadamente tóxica– para su fabricación, el ácido perfluorooctanoico (PFOA o C8), se hallaba presente en grandes cantidades por los alrededores, incluido el agua potable de varias poblaciones. Pero no dijo nada; ni al regulador ni mucho menos a los vecinos...

Moría el ganado, crecían los casos de cánceres y otras enfermedades asociadas al C8, un químico que no se degrada y, por lo tanto, se acumula en nuestro organismo y en el medio ambiente, pero la producción se mantenía: «reducir las emisiones de PFOA no es económicamente atractivo», rezaba un informe de la compañía. Hasta que apareció en escena un abogado inesperado. Robert Bilott, socio de un despacho con grandes clientes corporativos, solía trabajar para las grandes empresas químicas. Hasta que, un día de 1998, un granjero amigo de su abuela le pidió ayuda.

Él y su mujer sufrían cáncer, en su granja habían muerto 190 vacas y el hombre creía que todo estaba relacionado con los vertidos de Dupont. Así arrancó lo que acabaría siendo la mayor demanda colectiva de la historia contra la industria química. Se alargó 20 años y, a lo largo del proceso, se supo que DuPont había liberado al medio ambiente más de 770.000 kilos de C8 –a ríos, la atmósfera y en enterramientos ilegales–, y que la gran mayoría de los residentes presentaban dañinas concentraciones del producto en su organismo.

La historia, narrada en la película Aguas oscuras, con Mark Ruffalo haciendo de Bilott, terminó con indemnizaciones millonarias para los afectados, varios de los cuales, como Bailey, se interpretan a sí mismos en la cinta. El PFOA, además, comenzó gradualmente a dejar de producirse en Estados Unidos y, en 2017, fue prohibido en la Unión Europea. Aun así, siguen presentes en el mercado en productos textiles, envases, revestimientos y plásticos importados desde países donde se siguen utilizando.

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En los registros de sustancias químicas sintéticas –cada país tiene uno; también la Unión Europea–, los detalles brillan por su ausencia en la inmensa mayoría de los casos. Miles de entradas no proporcionan detalles sobre componentes individuales y otras tantas son de productos cuya identidad es «información comercial confidencial». Solo sus creadores conocen su naturaleza. Una realidad que para Tatiana Santos –directora de Químicos en la Oficina Europea de Medio Ambiente, red europea de ONG con 180 miembros– «demuestra el fracaso de la legislación sobre estas sustancias y la opacidad de la industria que las fabrica».

Opacidad que contrasta de forma dramática con sus astronómicos beneficios. Según Eurostat, en 2022, el sector en Europa ingresó 872.000 millones de euros; 335.000 millones más que una década atrás. Un dinero que ayuda, y mucho, a dificultar el control sobre el sector. «Es, de largo, el que más gasta en hacer lobby –subraya Carlos de Prada, director de la ONG Hogar sin Tóxicos, referencia nacional en la lucha contra la contaminación química–, por encima del energético, el financiero y el de las 'telecos'».

Sus tácticas acaban de ser reveladas por el Forever Lobbying Project, un equipo de 46 periodistas de 16 países, coordinado por el diario francés Le Monde, tras analizar más de 14.000 documentos que revelan el alcance de su influencia durante décadas, con métodos similares a los de las tabacaleras o las compañías energéticas.

La investigación revela que Chemours, el mayor productor mundial de PFAS, conocía los efectos nocivos para la salud de estas sustancias desde hace décadas. También que ninguna compañía se ha reunido tantas veces con la Comisión Europea para hablar sobre el tema, y que CEFIC, la mayor patronal química europea, es uno de los grupos más activos contra la eliminación de estas peligrosas sustancias.

Se trata de un poder cuya última expresión ha sido suspender la reforma del reglamento que rige el mercado europeo. Se llama REACH (acrónimo sajón de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) y la Comisión se comprometió en 2019 a su revisión completa. «Se prohibirá el uso de las sustancias más dañinas en los productos de consumo», proclamó Frans Timmermans, su entonces vicepresidente.

«Cuatro años después, sin embargo –revela Santos–, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen, alemana, cedió ante la presión de la industria de su país (con BASF y Bayer, la más poderosa del mundo), del Gobierno de Berlín e incluso del Partido Popular Europeo, liderado por otro germano, Manfred Weber». Resultado: el aluvión químico que impregna nuestras vidas seguirá siendo favorecido por las deficiencias de REACH. Y son de lo más inquietante.

«Para empezar, entre los expertos que deciden sobre el riesgo de una sustancia hay personas ligadas a la propia industria –revela Carlos de Prada, que analiza a fondo el sistema en su libro Mentiras tóxicas–; incluso los parámetros para tomar esas decisiones fueron elaborados por gente relacionada con los fabricantes».

La norma, por otro lado, obliga a las empresas a demostrar la seguridad de sus productos antes de comercializarlos, condición que debería proporcionar al consumidor ciertas garantías. «El problema es que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas prioriza los estudios de las propias empresas, que proclaman su inocuidad, incluso ante compuestos con abundante evidencia científica sobre sus peligros», explica Tatiana Santos.

Tampoco ayudan a la cautela los plazos establecidos por REACH. «Desde que se presenta una sustancia hasta que se autoriza o rechaza su comercialización no pueden pasar más de dos semanas –prosigue Santos–. Así que se aprueba y luego nos toca a los demás demostrar que no es inocua y conseguir que se prohíba. Échale 20 años en total». Un panorama desolador si tenemos en cuenta que, al año, se producen unas 2000 nuevas sustancias.

Nicolás Olea, investigador de la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos mundiales en disrupción endocrina, señala otras carencias en la normativa. «REACH ignora el 'efecto cóctel' –subraya–. Se evalúan las sustancias de forma aislada, pero todo químico actúa en combinación con otros. Y tampoco se tienen en cuenta datos como la edad (los efectos no son iguales en bebés, niños, adolescentes o adultos) o el género».

El sexo femenino, revela Olea, autor del libro Libérate de tóxicos: guía para evitar los disruptores endocrinos y de más de 300 estudios sobre el tema, «está mucho más jodido en todo esto»: por la complejidad de su sistema endocrino, su mayor producción de estrógenos, su papel reproductivo y su mayor masa de tejido adiposo, que es donde se fijan este tipo de sustancias. «Nuestros cuerpos son recipientes de tóxicos mucho más atractivos que los de los hombres», añade Tatiana Santos.

La principal exigencia en la reforma de REACH, sin embargo, es otra: la prohibición por 'familias'. Hoy por hoy, cuando un compuesto finalmente se prohíbe, se sustituye por otro con estructura similar y efectos análogos. Ocurre con bisfenoles, ftalatos, perfluorados, glifosatos... Por ejemplo, el bisfenol A, eliminado ya de biberones, envases de alimentos para bebés y el papel térmico de los tiques de compra, fue sustituido por el bisfenol S o el F. Con más de 200 miembros, tras la suspensión de la reforma de REACH, la familia de los bisfenoles puede seguir campando a sus anchas por nuestras vidas cotidianas.

«Las consecuencias serán devastadoras –lamenta Nicolás Olea–. ¿Acaso no entienden que estamos condenando a las nuevas generaciones a tragar toda esta mierda desde el momento embrionario?». Olea, que exige la inclusión de la disfunción endocrina en REACH como factor clave a la hora de evaluar compuestos, alerta sobre los efectos de mantener la actual exposición a sustancias como los perfluorados (PFAS), los temidos 'químicos eternos'.

Esta familia incluye más de 10.000 'parientes', entre ellos disruptores endocrinos presentes en infinidad de productos, además de en el agua, el aire y el suelo. «Hemos detectado PFAS en la placenta, en la leche materna y en niños, cuyo sistema hormonal quedará alterado para siempre –advierte–. Sabemos también que causan alteraciones hormonales en los adolescentes, lo que afectará a su desarrollo y capacidad reproductiva».

A pesar de su currículo y de que la propia agencia europea del sector reconoce la existencia de unos 2000 disruptores de este tipo, a Olea le cuesta convencer a sus colegas endocrinos. «Muy pocos médicos quieren escucharnos –revela–. Cuando les digo que diagnostican hipotiroidismo, sin saber la causa, en casos clarísimos de hipofunción tiroidea vinculada a disruptores endocrinos polibromados como el tetrabromobisfenol A, el más popular de los retardantes de llama, me suelen decir: 'Pero ¿de qué coño hablas?'. Y yo les digo: 'Lee, infórmate, investiga. No esperes a que la Administración te diga lo que está pasando'. Hay profesionales que asocian 'legal' a 'seguro', pero esto no es así en materia de sustancias químicas. No me canso de decirlo: es urgente incorporar la disrupción endocrina a la etiología de las enfermedades comunes».

El bisfenol A es, en este sentido, un caso tan sangrante como paradigmático de cómo funciona el sistema. Hablamos de una sustancia diseñada directamente como disruptor endocrino, es decir, para evitar, mediante una alteración hormonal, las náuseas en mujeres embarazadas. El fármaco que se lanzó en su día fue, de hecho, retirado del mercado por causar malformaciones y cánceres en niños. «Aun así, la UE tardó 20 años en aceptar la evidencia científica de que alteraba las hormonas y solo lo prohibió en unos pocos casos», subraya Santos.

Es más, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no reconoció que la presencia de BPA en los alimentos era un riesgo para la salud hasta el pasado abril. Y, tras llevar años diciendo que ingerir 4 microgramos por kilo de peso corporal y día era seguro, rebajó ese límite ¡20.000 veces!, hasta los 0,2 nanogramos. Una nanométrica cantidad que superamos en cientos e incluso miles de veces, ya que prácticamente ingerimos BPA con cada producto envasado.

«La industria –propone Santos– debe dejar atrás este 'modelo sucio' de producción e invertir en el futuro. Pasarán unos años sin ganar tanto, pero así podrán renovarse y liderar una innovación verde en el sector. Lo que pasa es que no quieren perder un solo día de beneficios».

Olea, por su parte, aboga por aplicar el 'principio de precaución'. «Que no se autorice nada hasta que el fabricante pruebe su inocuidad. Solo así se protege al consumidor, que es quien sufre las enfermedades y, encima, debe convencer a las autoridades de que, por su negligencia, está jodido... o muerto».