Crónica de una masacre
Por Judy Clarke | Fotografía de Noel Celis
Domingo, 2 de octubre 2016, 11:23
A todos los que estáis metidos en las drogas, a vosotros, hijos de puta, os voy a matar a todos». Así de 'comedido' se expresaba Rodrigo Duterte durante la campaña electoral, micrófono en mano mientras era aclamado por la multitud. Justo después de ser elegido presidente el 30 de junio, fue aún más claro cuando se dirigió a los agentes de Policía del país: «Cumplid con vuestro deber y si en el proceso matáis a mil personas, yo os protegeré». Pero no solo invitó a la Policía a hacer 'justicia': ha ofrecido medallas y recompensas a todos los ciudadanos que maten a un camello o a un narcotraficante. Valen también consumidores de droga. Aunque 'cotizan' menos.
Así que cuando las calles de Filipinas han aparecido regadas por más de dos mil cadáveres, nadie se ha sorprendido. Duterte lo dijo con toda ... claridad ante el masivo apoyo de la población filipina y la mirada atónita –o más bien indiferente– del resto del mundo. «Olvídense de las leyes sobre derechos humanos. Como presidente haré lo mismo que hice siendo alcalde. Traficantes, atracadores, vagos y maleantes: es mejor que os marchéis. Si no os entregáis, os mataremos». No es solo la amenaza de un 'bocazas'. Él mismo, le contaba a un periodista, se ha manchado de sangre. «He matado, lo admito... Tuve que aniquilar a tres personas».
Así que, ganadas las elecciones, empezó la matanza. En esta guerra contra las drogas van, oficialmente, 1916 muertos. El director general de la Policía, Ronald dela Rosa, lo contaba con orgullo ante el Senado en agosto. Un total de 712 personas han muerto en operaciones policiales –en las que los agentes mataron en defensa propia– y otros 1067 han muerto a manos de los «vigilantes», es decir, los paramilitares. Estos operan de manera similar a las fuerzas del orden, pero de paisano. Llegan al lugar en tres o cuatro motos sin matrícula y disparan sin mediar palabra. Los vigilantes tienen la costumbre de dejar sobre los cadáveres de sus víctimas un pedazo de papel con una lista de los delitos que se les atribuyen. Para el jefe de Policía, la política del presidente es altamente eficaz porque tiene un efecto disuasorio: casi 60.000 presuntos traficantes y camellos se han entregado para evitar la muerte, según el comisario. Este informe policial se resume en un 'sencillo' dato: 45 muertes diarias.
La guerra de Duterte, a quienes los ciudadanos apodan el Castigador, va dirigida, en principio, contra traficantes y consumidores de shabu –nombre local para la anfetamina–, la droga más habitual en el país y que se vende a unos 31 dólares el gramo, un precio elevado, que ha fomentado la aparición de todo tipo de derivados.
Pero lo curioso –por no decir 'inexplicable'– es que Filipinas no es un país que tenga un especial problema con la droga. Según la Oficina para las Drogas de Naciones Unidas, el consumo de anfetamina en la población alcanza un porcentaje de 2,35. No es poco, pero en Estados Unidos es del 2,20 y en Australia, del 2,90. En el caso de los opiáceos, la cifra de prevalencia en Filipinas es del 0,05 frente al 5,41 en Estados Unidos y el 3,30 en Australia. Con estos datos, ¿cómo ha convencido Duterte a los filipinos de que su principal problema es la droga?
Estas guerras del Estado contra el narco son recurrentes en la región. En Tailandia, China, Singapur, Malasia o Vietnam, los gobiernos las utilizan para ocultar los verdaderos problemas. Mientras la corrupción se convierte en endémica, la desigualdad crece y la impunidad se instala en el poder, se señala a un único criminal: los narcotraficantes. La 'estrategia' funciona. Pero en Filipinas tiene algunas peculiaridades.
En Filipinas se ha producido un giro populista que tiene confundidos a los analistas. Duterte se proclamó presidente con 16 millones de votos (el 39 por ciento), pero solo un mes después su popularidad creció hasta alcanzar el 91 por ciento. Todo gracias a su peculiar política de «ley y orden», que ya había puesto en práctica en Dávao, ciudad de la que fue alcalde durante 20 años.
El presidente Benigno Aquino III, su predecesor, había logrado que Filipinas alcanzara unas cotas de crecimiento increíbles: de 2010 a 2015 las inversiones extranjeras crecieron de manera exponencial, la inflación se mantuvo baja, la moneda permaneció estable y las remesas de dinero procedentes de los millones de emigrantes iban en constante aumento. En 2015, Filipinas era el cuarto país del mundo que más crecía.
¿Por qué en este contexto de bondad económica surge un personaje como Duterte? La respuesta parece estar en las grandes familias que dirigen el país. Los hombres al mando proceden siempre de los mismos clanes. En 73 de las 81 provincias del archipiélago figuran desde siempre en los puestos de responsabilidad los mismos 178 apellidos. Son ellos, además, los responsables de la elección del 70 por ciento de los diputados nacionales. En definitiva, el país está en manos de una oligarquía. Y Rodrigo Duterte forma parte de ella. Su padre era gobernador y sus hijos son alcaldes. Lo único que varía en el caso de Duterte es su estilo, ese al que Obama intentó restar importancia, después de que lo llamase «hijo de puta» por recriminarle sus excesos. «Él es así», zanjaron en la Casa Blanca.
Pero es precisamente ese lenguaje, entre obsceno e insultante, el que le hace cada día más popular. Nadie se libra de sus látigos verbales: del embajador americano Philip Goldberg dijo que «es gay y un hijo de puta»; y hasta el Papa Francisco ha sido objeto de insultos porque su visita a Manila en enero de 2015 ocasionó atascos de tráfico.
Otro factor que lo ha hecho popular entre los filipinos es su fama de donjuán. Duterte ha dado públicamente las gracias al fabricante del Viagra por permitirle tener relaciones en cualquier momento con sus mujeres. Tiene una exesposa y otra mujer con la que convive, pero no se ha casado ella, ya que el divorcio no existe en su país (él está de acuerdo con que así sea «por la tutela de los hijos») y tiene también dos «novias» de diferentes edades, ambas empleadas en unos grandes almacenes. A quienes lo recriminan por su disipada vida privada les replica: «Se trata de mi felicidad. Si no les gusto como presidente porque tengo cuatro o cinco mujeres, que voten a otro candidato».
Pocos críticos se atreven a alzar la voz contra el presidente. Una de las voces más airadas contra Duterte es la senadora Leila de Lima, presidenta de la comisión de derechos humanos. Pero Duterte va a por ella: primero, la acusó de recibir dinero de los traficantes; luego, de mantener una relación con su chófer, a su vez acusado de frecuentar el mundo de la droga; después, la Policía arrestó a dos sobrinos de la senadora, en el marco de una operación antidroga. «Leila de Lima debe abandonar la comisión y el Senado», afirmo el presidente. Y, para 'animarla', difundió una lista de 150 políticos, militares y jueces acusados de connivencia con los traficantes. «Desnudaos ante el mundo, que todos vean lo inmorales que sois», bramó. ¿Hay pruebas contra los 150 acusados? «Puede que las haya y puede que no. Yo me hago responsable de esta lista». Duterte no dice más. Pero los que aparecen en el listado saben que su vida corre peligro.
La nueva 'cacería' no solo va dirigida a los políticos que discrepan. Los consumidores de drogas se han convertido también en objetivos de los paramilitares, lo que hace que las ejecuciones sean totalmente discrecionales. Y el miedo se dispara. Hasta el punto de que las clínicas de rehabilitación están desbordadas. Aseguran que nunca han tenido tantas solicitudes de ingreso, pese a que los 650 dólares al mes que cuestan las hacen inasequibles para la mayoría de la población. Los pobres tienen que conformarse con los programas oficiales de desintoxicación, que incluyen clases de zumba o de peluquería. Si alguien deja de ir a alguna sesión, se lo considera de inmediato reincidente. Y puede ser eliminado.
La otra opción, si la hubiera, es acabar en una cárcel, lo que puede ser peor. Con una saturación del 170 por ciento, las prisiones filipinas están entre las peores del mundo.
Y la condena nunca es corta. «Esta lucha contra las drogas va a continuar hasta el último día de mi mandato», ha dicho Duterte. Para que llegue ese día, quedan seis años.
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