«¡Nos quieren matar!»

Esta magistrada ya se jugaba la vida antes de que los talibanes regresaran al poder. Una noche de 2004, mientras ella estaba en una boda, los talibanes se presentaron en su casa y raptaron a su esposo. Le dieron tal paliza que le dejaron paralítico. Y, a principios de este año, dos juezas del Tribunal Supremo fueron asesinadas a tiros.

Este verano, al ver el rápido avance de los talibanes, Halimah entró en pánico. No solo temía que los fundamentalistas la asesinaran, también estaban los delincuentes y asesinos que ella había condenado. «Nada más entrar en Kabul, abrieron las cárceles y pusieron a todos los presos en libertad. Los jueces de repente corríamos serio peligro».

La familia dependía de su salario (su marido, paralítico, no podía trabajar) y los talibanes congelaron los fondos que tenía en el banco. «Continuamente recibía amenazas por teléfono. Decían que me matarían, a mí y a mi familia». Cambió de número varias veces y se mudó a casa, pero seguían llegándole amenazas.

Hace tres semanas, Halimah y su familia no pudieron más y decidieron huir de la ciudad. «Ahora, ni siquiera dejo que mis hijos salgan a la calle; los talibanes están por todas partes», dice. Varias ONG, incluyendo la asociación internacional de juezas, pagan su manutención. «Pero vivimos con el miedo en el cuerpo. Estamos aterrorizados».

Hay más de 280 juezas como Halimah. Muchas de ellas recibieron formación y apoyo de magistrados británicos por medio de la IBA (la asociación internacional de abogados) y de las fuerzas aliadas. El Gobierno británico, sin embargo, ahora le ha denegado el permiso de residencia a ella y a otros magistrados. El prestigioso bufete londinense Mishcon de Reya –que la representa a ella y a otros 27 jueces afganos– va a apelar la decisión.

Mientras los abogados inician una batalla legal por su visado, grupos humanitarios hacen lo posible por evacuarlos y llevarlos a naciones como Grecia, Alemania, Suiza y Turquía.

Helena Kennedy –consejera de la reina de Inglaterra y directora de derechos humanos de la IBA– está desempeñando un papel decisivo en estos procesos de evacuación. El mes pasado comparó la situación con La lista de Schindler: «Estas mujeres corren peligro de muerte. En su día sentenciaron a prisión a culpables de violencia doméstica o matrimonios con menores y también a talibanes. El regreso de los talibanes las ha obligado a emprender la huida».

«En su momento animamos a estas mujeres a asumir estos cargos judiciales porque queríamos que Afganistán se convirtiera en una democracia basada en la ley, en la que se respetaran los derechos de las mujeres –explica Kennedy–. Y ahora no podemos dejarlas en la estacada. No se lo merecen».

A primeros de octubre llegó a Grecia el primer grupo evacuado. Eran 26 juezas y sus familiares. Una de ellas era Homa Alizoy, de 56 años, quien hoy comparte un piso de dos habitaciones en Atenas con cuatro generaciones de su familia: su madre –que está en una silla de ruedas–, sus dos sobrinos y las mujeres de estos, así como su bisnieta, de 2 años.

Jueza durante 37 años, con el tiempo se convirtió en la presidenta de la Sala de lo Familiar en Kabul y redactó varias leyes contra la violencia de género.

Homa tiene marcada en la piel el brutal régimen que implantaron los talibanes la primera vez que llegaron al poder. «Me dieron latigazos muchas veces», afirma.

Hace poco más de 10 años se calculaba que casi el 90 por ciento de las afganas había sufrido abusos domésticos.

En 2001, con los talibanes fuera del poder, se implantaron tribunales especiales, con juezas al frente, para castigar la violencia de género. Las magistradas contaban con la ayuda de unidades policiales y fiscales especiales.

Estas juezas afganas reformaron el sistema judicial. «Pero Afganistán es ultraconservador, y muchos se lo tomaron como una afrenta al islam», añade. Cada vez que se promulgaba una nueva ley, cada vez que otro perpetrador era condenado, «nos encontrábamos con insultos y amenazas. No era fácil trabajar así».

Lo mismo que Halimah, una vez que los talibanes se hicieron con Kabul, Homa no solo tenía miedo a la reacción de los insurgentes victoriosos. «Lo primero que hicieron fue vaciar las cárceles, y me inquietaba que todos los condenados por golpear a sus mujeres anduvieran en libertad. Algunos eran muy peligrosos. Me aterraba que dieran conmigo y se vengaran». Alguien puso en circulación los números de teléfono de las magistradas y a Homa empezaron a lloverle amenazas. Se trasladó a casa de su hermano, hasta que a finales de septiembre le comunicaron que iba a ser evacuada, en compañía de su madre, impedida, a la que cuidaba.

Escaparon por una ruta llena de peligros, tuvieron que cruzar ocho puestos de control de los talibanes. Consiguieron pasar porque iban vestidos «a lo talibán», con burkas. «Fue digno de una película», resume Homa.

En el pisito de Atenas donde vive, Homa comparte cuarto con su madre, mientras que su sobrino, Farhad Alizoy, de 30 años, su mujer, Zainab, de 31, jueces ambos también, y la hija del matrimonio, Yushra, de 2, duermen en la otra habitación. Otro sobrino y su mujer, antiguos fiscales los dos, lo hacen en el pasillo.

Zainab recuerda vagamente el primer régimen talibán. Sus recuerdos más recientes son los de una sociedad libre en lo fundamental. «Las mujeres podíamos ir al colegio y la universidad. Había igualdad de oportunidades, y los derechos humanos eran tomados en consideración. Nos sentíamos orgullosos de ser afganos, creíamos que éramos como los ciudadanos de cualquier otro país del mundo. En Afganistán se habían hecho progresos en las ciencias y la educación. Unos progresos notables, de verdad».

Tras ser nombrados jueces hace cuatro años, su marido y ella fueron asignados al Tribunal de Bagram, donde Zainab condenó a detenidos por poner en peligro la seguridad del país. «La mayoría de los casos tenían que ver con señores de la guerra y sus familias, con miembros o simpatizantes de grupos terroristas».

Cuando cayó Kabul, recogieron lo indispensable y se marcharon a toda prisa. Ahora viven en Atenas. Pero la familia no tiene dinero y depende de varias ONG. El hecho de contar con permisos de residencia temporales, además, es un arma de doble filo: están oficialmente autorizados a residir en Grecia, pero no tienen acceso a la sanidad gratuita, a diferencia de los solicitantes de asilo.

Además, Homa no está segura de que se encuentren plenamente a salvo. La semana pasada iba por la calle y se fijó en un hombre al que creyó reconocer: un criminal al que condenó poco antes de que los talibanes volvieran a estar al mando. Este hombre, asesino de su mujer, fue sentenciado a 25 años de cárcel; al oír la condena, juró matar a Homa. Una amenaza que reiteró en llamadas hechas desde el interior de la prisión. «No me reconoció porque llevaba puestas las gafas y la mascarilla, pero yo sí que lo identifiqué».

La posibilidad de que uno de los criminales a los que condenó viva a corta distancia suya, en el supuesto santuario griego, resulta tan extraordinaria como escalofriante. Pero Homa explica que, en el momento de vaciar las cárceles, los talibanes dieron dos opciones a los reclusos: unirse a sus liberadores o «largarse cuanto antes». Los que no quisieron sumarse a los talibanes seguramente siguieron el mismo camino que su familia a través de Georgia. «La ruta de los criminales», en palabras de Homa.

Por todo ello, la familia considera que Atenas no es más que un lugar de paso. Zainab, la mejor alumna en la Facultad de Derecho, sueña con ir a Inglaterra y volver a ejercer su profesión. «Aquí, en Grecia, no podemos; no hablamos la lengua». «Agradecemos enormemente que nos evacuaran, pero mi objetivo ahora es llegar al Reino Unido», explica Homa, que también aspira a volver a ejercer como profesional del derecho. «Me sería muy difícil trabajar en otro campo: casi toda la vida me he dedicado a esto, ayudando a establecer legislación o aplicando las leyes, incluso en el ámbito de la inmigración. Tengo gran experiencia y estaría encantada de ser de ayuda, de la forma que fuese».

© The Sunday Times Magazine

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