«AENA nos ofrece 50 céntimos por cada metro cuadrado ocupado del aeropuerto de Vigo. ¡Es un abuso!»

El Estado lleva cuatro años sin pagar a los comuneros de Mos la ocupación de terrenos que hizo en su día para construir y ampliar el aeropuerto de Vigo. La Justicia reconoció los derechos de los vecinos, a quienes consideró propietarios legítimos del suelo, pero AENA pretende pagar a razón de 0,50 euros el metro cuadrado. Los afectados no están de acuerdo y recurrieron. Esperan que se les pague una cantidad similar a las que ya cobraron los comuneros de Vigo o de Redondela.

Camilo Grandal, concejal de Mos y comunero, explica que la comunidad de montes de Cabral cobró 30 euros por metro, y la de Guizán, 22. Los comuneros vigueses se embolsaron siete millones de euros en la época en que José Blanco era ministro de Fomento. «Queremos cobrar lo mismo que los de Vigo o, por lo menos, que los de Guizán. Nuestros terrenos están en el alto de Peinador y eran urbanizables. Es un abuso que nos quieran pagar solo cincuenta céntimos por metro».

La comunidad de Torroso recurrió al justiprecio, pero la Subdelegación del Gobierno no les da respuesta. «Nos llevan dando largas desde hace tiempo», se queja Grandal.

AENA, en su día, esgrimió la legítima propiedad de los terrenos de aeropuerto «en base a un título de expropiación que no acredita», sentenció la Audiencia Provincial de Pontevedra en el 2015. Los vecinos llevan catorce años de batalla. La demanda de Torroso se presentó el 22 de julio del año 2010, pero por diferentes razones el juicio se fue dilatando. La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra reconoció en el 2012 a los comuneros la titularidad de la mayor parte de los terrenos que reclamaban, excluyendo dos pequeñas parcelas. Los vecinos exigían 42.155 metros cuadrados y el juzgado les reconoció 41.760. Las divergencias en las mediciones se debieron a las diferentes interpretaciones de los límites fijados en los planos usados por las partes.

La sentencia del juzgado fue muy prolija, de 35 folios, por la complejidad del caso en relación con otros litigios sobre montes vecinales. Durante la vista testificaron algunos vecinos de edad avanzada de la parroquia de Torroso, que relataron al tribunal el uso que se daba al monte Cerdedelo, en el paraje de Peinador, antes de que se iniciasen las obras para construir la pista de aterrizaje, en 1940. Se practicaron varias pruebas periciales que resultaron muy costosas, ya que solo el dictamen del perito nombrado por el juzgado, el ingeniero de montes Alejandro Arias, valió 20.000 euros que tuvieron que pagar a partes iguales los comuneros y la agencia de navegación aérea AENA. Además, los comuneros también presentaron a su propio perito, Ángel Bravo pero la jueza considera que la medición más exacta es la de Alejandro Arias.

La sentencia estimó la demanda de los comuneros contra la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y declaró que la porción de monte Cerdedelo situada en la parroquia de Torroso en Mos es propiedad de las comunidad de montes vecinales de mano común de Torroso «por haberla venido poseyendo, como parte integrante e inseparable del monte vecinal Cerdedelo, el común de los vecinos de dicha parroquia desde tiempo inmemorial, en régimen de aprovechamiento colectivo».

En el juicio se esgrimió abundante documentación histórica, la primera de 1711.