El fiscal pide 43 años de cárcel para los acusados de matar a un vigilante

Vigo

María Jesús Fuente

El INSS ha impuesto la máxima sanción a la empresa para la que trabajaba el auxiliar de control fallecido

07 Jun 2009. Actualizado a las 02:00 h.

Un total de 43 años y dos meses de cárcel es la pena solicitada por el fiscal para los dos acusados de matar a Xosé Álvarez Nión, un vigilante jurado de Vigo que prestaba servicio para una empresa de Seguridad en un polígono industrial de Mos. En concreto, pide para cada uno de ellos diecisiete años y seis meses por asesinato y cuatro años por un delito de robo. Por su parte, la acusación particular reclama penas de 25 años para cada uno, veinte por asesinato y cinco por robo. El juicio oral con jurado se celebrará a partir del martes en la audiencia provincial y está previsto que se prolongue hasta el viernes. El joven vigués, de 22 años, apareció muerto con dos impactos de bala en el interior de su vehículo, aparcado en el polígono de Mos, el 15 de agosto del 2007. Horas más tarde fueron detenidos los presuntos autores del asesinato cuando intentaban atracar una gasolinera en la avenida de Madrid. No le conocían Al parecer, los supuestos autores, Roi Caride Ballesteros y Manuel dos Anjos Machado, no conocían de nada a la víctima, ni había mediado riña o altercado anterior entre ellos. Sin embargo, después de un primer disparo en la cabeza no tuvieron reparo en rematarlo con otro tiro a bocajarro en el cuello. Tampoco tuvieron reparo en robarle el móvil por el que llamaron a sus amigos y, a continuación, acudieron a la fiesta de San Roque. Un tercer detenido inicialmente fue puesto en libertad por no haber participado en los hechos y está previsto que declare como testigo. Además de la penal, hay abiertas otras dos vías, la social y la administrativa. Dentro de esta última el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha declarado la existencia de responsabilidad empresarial de Servimax por falta de medidas de seguridad e higiéne en el trabajo en la muerte sufrida por Xosé Álvarez Nión. El INNS le ha impuesto a la empresa la máxima sanción que permite la ley, lo que equivale a un recargo del 50% en todas las prestaciones de la Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo.