Inmigrantes que buscan empleo en negro: «No entiendo a este país. Me ofrece comida y ayudas y no permiso para trabajar»

No hace falta recorrer más de tres calles en Pontevedra para topar un buen número de anuncios de personas que, con el método de toda la vida, colgando carteles, tratan de conseguir un empleo. Todos dejan su móvil de contacto, su nombre y algunos incluso agregan a los letreros una fotografía y una descripción de lo que pueden hacer. Cuando se les llama, queda claro que hay un denominador común a todos ellos: son los invisibles del sistema, personas inmigrantes que no tienen la documentación y que, por tanto, no pueden buscar trabajo de otra forma porque no pueden acceder a un contrato. Vienen de Venezuela o Colombia y son muy conscientes de que tendrán que resistir bastante tiempo, incluso años, con suerte enlazando chollos en negro, hasta que regularicen su situación. No comulgan con la normativa. Con una misma voz, señalan: «En España hacemos falta como trabajadores, ¿por qué nos lo ponen tan difícil, si nosotros queremos contribuir con el país y cotizar a la Seguridad Social?».

Alexandra Arteaga, de Venezuela, es una de las personas que empapeló la ciudad del Lérez en busca de trabajos de limpieza o jardinería que apenas le están surgiendo. Ella tiene 38 años y hace seis meses que cruzó el charco junto a su pareja, una mujer médica que tampoco puede emplearse de momento aquí «pese a la falta de facultativos que hay». Dice que el primer atranco que tuvo fue concertar cita para solicitar asilo político. «La página web está colapsada y hay quien empezó a hacer negocio con eso. Yo pagué 50 euros en un locutorio para poder ir a la Policía Nacional. Se aprovechan de que llegamos y no sabemos cómo funcionan aquí las cosas. Saben que estamos sin documentos, sin familia... y nos engañan fácilmente», indica. Acudió a esa primera cita y le dijeron que tiene que someterse a una entrevista para comenzar el proceso de petición de asilo. El problema es que la siguiente vez se la dieron para enero del 2024.

Señala que tanto ella como su mujer, que vinieron a Pontevedra porque algunos amigos ya habían migrado a esta ciudad, resisten por ahora con los ahorros que tienen, pero que necesitan trabajar. Luego, reflexiona: «No entiendo a este país. No entiendo que me ofrezcan comida y ayudas y no un permiso para trabajar. Yo quiero trabajar, como casi todo el mundo». Luego, indica que estar sin ningún documento que habilite para poder ser contratado implica ser pasto continuo de engaños: «Con mi mujer contactó un señor que se hizo pasar por médico y que le pidió que lo cuidase unos días y luego no le pagó. Era un estafador. Pero como saben que no puedes hacer nada...».

La impotencia de Alexandra la siente también Paula Andrea Landoño, que empapeló Pontevedra y Vigo ofreciéndose para hacer limpiezas. Ella es colombiana y lleva ya un lustro en Galicia, donde vive con su pareja y sus dos hijos. Aún así, no logró regularizar su situación todavía: «Nunca he podido porque me piden un contrato laboral de un año y no lo he conseguido. Resisto haciendo limpiezas y cuidando a personas mayores. Pero mi sueño es cotizar aquí porque ahora tengo 37 años... pero un día envejeceré y me gustaría poder tener una pensión para sostenerme». Señala que le aparecen más trabajos en la zona viguesa que en Pontevedra, y que se mueve de un lado a otro «porque todo lo que salga es bien recibido». Cuenta que en Colombia hacía trabajos agrícolas, en un sector en el que se formó, pero que aquí nunca vio la oportunidad de continuar en ese ámbito. Luego, concluye: «Está siendo muy duro, pero no me arrepiento de venir. Tengo un hijo mayor de edad y otro de 15 años y si estuviésemos en Colombia tendría mucho miedo por ellos, por la inseguridad que hay allí».

Tanto Alexandra como Paula Andrea, al igual que otros invisibles que buscan trabajo desde las paredes de la ciudad, reclaman que la norma se flexibilice. Y lo justifican así: «Seguimos aquí y sin poder aportar al país. Esto no tiene ningún sentido».

«Me llaman para pequeños arreglos de obra que los españoles no quieren hacer» 

Edison García dejó Colombia los 42 años para probar suerte en España. Recaló en la provincia pontevedresa siguiendo los pasos de algunos conocidos. Sabía que no sería fácil empezar de cero en el país. Pero, un año después de haber emigrado, se sigue sorprendiendo de lo complejas que son las cosas: «Está siendo muy, muy duro. Tremendamente duro. Yo busco empleo por todas partes, cuelgo carteles ofreciéndome para hacer todo tipo de trabajos de construcción, para poner pladur o hacer remodelaciones... y algunos salen, pero pocos. Me llaman para pequeños arreglos de obra que los españoles no quieren hacer porque son muy laboriosos. Yo intento cobrar lo mínimo para que me llamen... pero aún así no hay mucha cosa».

Señala que si le llega la tarjeta roja —un documento provisional que se concede a aquellos extranjeros procedentes de un país en conflicto o en el que ha ocurrido un desastre natural para que puedan quedarse en España— posiblemente su suerte cambie: «En la construcción hay trabajo, pero tienes que tener papeles. Es tristísimo que te llamen y que no puedas ir por la documentación. Solo trabajas en negro, es así», manifiesta. 

«Hace falta mano de obra»

Esa circunstancia, la de que le llamen para trabajar pero no pueda acceder al empleo porque no tiene papeles, la conoce también Alejandra García. Ella se ofrece para trabajos de peluquería canina y señala que algunas clínicas y tiendas de mascotas contactaron con ella: «Me llaman bastante porque de lo mío hace falta mano de obra, pero no me pueden contratar, así que no tengo posibilidades». Ella, que es venezolana y joven, lleva escasos meses en Pontevedra. Dice que dejó su país porque era activista política y estaba siendo amenazada.