¡Era visto!

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya está aprobada y en vigor desde el 31 de diciembre del 2013, salvo para ciertos supuestos especiales. Y ahora todos nos damos cuenta de que es una norma sin pies ni cabeza, con importantes contradicciones no solo entre sus artículos sino entre los distintos párrafos del mismo artículo e, incluso, dentro del mismo párrafo. Además incluye una serie de referencias a leyes y órdenes que están sin elaborar y a otras, como a la de Presupuestos Generales del Estado, en la que no encuentran correspondencia.

Pero esto no puede llevarnos a la sorpresa. Algunos ya advertimos durante año y medio sobre estas circunstancias y de las consecuencias nefastas que nos va a traer esta ley. Pero como doctores tiene la Iglesia, ahora tenemos un texto inaplicable, salvo que el Ministerio de Hacienda, vía circulares o notas interpretativas, nos lo aclare. ¡Vaya técnica legislativa esta!

Y lo primero que ha saltado, curiosamente, es el tema de los sueldos de los alcaldes. Menos mal que nos han estado repitiendo, tanto desde el partido en el Gobierno como desde el de la oposición, que son una legión de voluntarios que prácticamente no cobran nada y sin embargo es lo primero que salta al ruedo, antes incluso que ver cómo queda la pérdida de competencias o el posible cierre de servicios. Pues bien, después de estar fijándose en el tope de 100.000 euros al año tomando como referencia las retribuciones de un secretario de Estado, ahora resulta que según la Ley de Presupuestos Generales del Estado estos cargos cobran casi un 30 % menos. ¿Es que nadie se había preocupado de comprobar cuánto cobra un secretario de Estado? ¿Es justificable que en un país en el que se acaba de aprobar una Ley de Transparencia no sepamos a ciencia cierta cuánto cobra un alto cargo de la Administración?

La mayoría de los miembros del Congreso, y mucho más los del Senado, son o han sido alcaldes y concejales, por lo que la reforma que saliera de las Cortes dependía en gran medida de los propios representantes locales. Ahora la Fegamp pide que se frene la reforma hasta aclarar sus errores. Sinceramente, para eso solo hay una fórmula: su derogación. Pero ¿quiénes en la Fegamp están pidiendo eso?, porque el 60 % de los diputados y senadores elegidos en Galicia por el PP son o han sido alcaldes o concejales, y son los que han votado a favor de esta ley, cuando, junto con los de las demás comunidades, podían haberlo evitado y haber elaborado una ley más acorde con la realidad de nuestra Administración local. ¿No serán ellos los que ahora piden ese frenazo?