Diálogo constitucional

Imaginemos lo que puede pensar hoy un ciudadano español informado al leer la Constitución. Dice su artículo 31.1: «todos deben contribuir al sostenimiento del gasto público, de acuerdo a su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Pues bien, el sistema tributario inicial, propiciado por Fuentes Quintana y fundamentado en el concepto de renta extensiva, existente en la gran mayoría de los países avanzados, es en la actualidad un magma irreconocible ante los rotos y descosidos generados por políticas neoliberales permanentes e insaciables. Así, el impuesto sobre la renta personal, que debería gravar con tarifa progresiva e igual las rentas del trabajo (salarios), las del capital (dividendos, intereses..), las mixtas (autónomos y profesionales), las plusvalías (al realizarse), las donaciones y herencias, así como otros acrecentamientos (loterías, premios..), es hoy un impuesto tan injusto como insoportable.

Veamos. Las rentas y ganancias del capital tienen trato preferente y se gravan con tipo fijo inferior al mínimo que soportan los salarios. Gran parte de las rentas mixtas de mueven con impunidad insultante en la economía sumergida. Las desgravaciones en el impuesto de sociedades generan ya un tipo efectivo inferior al 9 %, con inmensas posibilidades defraudadoras en las grandes empresas. La capacidad económica adicional que proporciona el patrimonio a las rentas del capital, con respecto a las rentas del trabajo, se grava con el impuesto sobre el patrimonio neto, pero este fue suspendido, como ya sabemos, hasta fecha reciente. El destrozo del impuesto de sucesiones y donaciones, está garantizado por la capacidad normativa que sobre el mismo tienen las comunidades autónomas. Todo ello explica que el peso relativo de los salarios en el conjunto de rentas generadas por la economía española (46 % en 2008), represente el 92 % de los ingresos totales capturados por el IRPF en 2010. El IRPF es ya una obscenidad incompatible con la justicia y la Constitución.

Pero nuestro ciudadano nos recuerda que el gasto público debe asignarse con equidad (art. 31.2), promoviendo el progreso social y económico y haciendo más justa la distribución de la renta (art. 40.1). Además, un sistema de servicios sociales debe atender los problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio (art. 50). Es cierto, pero también es verdad que si el mercado carece de brida y disciplina crece la desigualdad social. La teórica redistribución vía gasto es papel mojado cuando la fiscalidad es indecente y la democracia una hipocresía. Los gobiernos y partidos políticos deberían estar preocupados. Ellos son los máximos responsables del desorden social que nos golpea.