Voto emigrante

Se acercan las elecciones gallegas y vuelve el debate sobre el voto emigrante, un goloso bocado que puede llegar a decidir mayorías, como acaba de ocurrir en Asturias.

Un bocado tan suculento que supone el 15 % del censo electoral de Galicia y que incluso ha crecido tres puntos desde los comicios anteriores.

Pero su capacidad para inclinar la balanza a uno u otro lado del electorado disminuyó drásticamente por la implantación, hace dos años, del voto rogado. Tan drásticamente que si en las generales del 2008 había votado el 35 % de los residentes en el exterior, en las de noviembre pasado solo lo hizo un escuálido 4,2 %.

Los colectivos de emigrantes alegan que la exigencia de solicitar previamente la participación supone una discriminación con respecto a los residentes en el interior, y los dos grandes partidos se muestran abiertos a suavizar esta exigencia.

La clave está en encontrar el punto de equilibrio entre el respeto a los derechos de los ciudadanos residentes en el exterior, y el de los del interior a que no decida quién les va a gobernar una minoría sin implicación real en la vida y los problemas del país.

Para ello, lo primero debe ser extremar al rigor en la correcta identificación de los votantes, para que no vuelvan a votar los muertos como ha ocurrido en tantas ocasiones. Y lo segundo, que el derecho al voto responda a una implicación real del elector con su país de origen, y no a algo que se mantiene, aunque no exista contacto alguno en décadas, para despachar una papeleta condicionada por la promesa de ayudas de algún político en viaje preelectoral para ganarse voluntades.