El dedo en la llaga

EL PREÁMBULO de la norma legal que establece el sistema del permiso por puntos deja constancia -junto a objetivos educativos- de su finalidad punitiva, cual es la de castigar infracciones graves y muy graves a las normas para la seguridad vial. Tras de las denuncias, se siguen los consiguientes procedimientos, cuyo término ordinario consiste en dictar resoluciones sancionadoras. Es potestad que encuentra fundamento en los fines del Estado, entre ellos el de garantizar la convivencia armónica de los ciudadanos conforme al orden jurídico establecido. En similitud con las penas previstas en el derecho penal para los delitos y las faltas, las sanciones administrativas en materia de tráfico consisten en la retribución de un mal por otro mal, desde la pretensión de restablecer el desorden creado por la infracción. Los tratadistas han mantenido siempre que la función sancionadora tiene como fundamento la defensa de la paz social, quiere prevenir y evitar la reiteración de hechos que afectan negativamente a la vida comunitaria. Sirva este párrafo anterior como intento de explicar que la sanción tiene pretensión ejemplarizante y, desde su fin preventivo, debe entenderse que su eficacia guarda directa relación con la prontitud en su aplicación, desde que se haya constatado la infracción. Ciertamente, si se trata de evitar otras agresiones a la seguridad vial, la sanción clama por la celeridad. Es por todo esto por lo que no extraña la amarga queja del director general de Tráfico cuando afirma que nuestro procedimiento sancionador es «largo, complejo y difícil» y cuando condiciona la eficacia de la resta de puntos a la tramitación de procedimientos ágiles y rápidos. Ha puesto el dedo en la llaga del prolijo mecanismo sancionador que acompaña y complementa la Ley de Seguridad Vial. Entre notificaciones, alegaciones, propuestas de prueba, resoluciones y recursos, las dilaciones hacen interminables tantos procedimientos, más cuando se procuran deliberadamente -de ahí los negociadores del «no pague multas»- incidencias jurídicamente inútiles. Es preciso el paso a la brevedad ahora, cuando la seguridad vial española parece haber hallado buen camino.