Euskadi y Cataluña

PROBLEMAS de Estado. Más poder para decidir. Se permiten señalar quién es nacionalidad y quién sólo región de España. Interpretan el espíritu de la Constitución en cuanto a derechos históricos. Al menos lo de Euskadi tiene otro aspecto. Hay diálogo entre presidentes. Hay acuerdos entre Gobiernos. Si es verdad que comparten lo de «ETA debe cesar para iniciar el proceso de paz», podemos ser optimistas. Si el lendakari comparte con ZP tal condición, para darle carácter oficial a la mesa de partidos en Euskadi, es que Batasuna sigue manteniendo que es preciso sustituir la violencia por la política y entrar en una nueva fase del contencioso vasco. Curiosamente, esta era la condición del Pacto de Ajuria Enea en tiempos de Ardanza, cuando se invitaba a Batasuna a la reunión, pero ésta nunca aceptaba y tenía al Pacto, del que yo formaba parte en representación de UA, como el peor enemigo de su modelo de construcción nacional. En la futura mesa, si Batasuna logra que ETA deje las armas, es posible plantearse la modificación del Estatuto, que es tanto como poner en marcha un nuevo proceso para redefinir las relaciones entre Euskadi y el Estado. Es llegar al punto en el que se encuentra Cataluña. Quizá este puede ser el motivo que obliga a los más posibilistas del PNV a incorporarse al rebufo que dejan las negociaciones entre la Generalitat y el Estado por un nuevo Estatuto para Cataluña, con o sin declaración expresa del derecho histórico a la autodeterminación. Si Cataluña se apunta a los derechos históricos es para hacer creer que sus nuevas aspiraciones financieras y competenciales son posibles sin modificar la Constitución. Si Cataluña logra más poder, Euskadi sabe que también lo logrará. Entiendo que una parte importante de las negociaciones deben ser bajo discreción absoluta, cuestión muy difícil de lograr en el mundo de la política, donde la filtración a los medios es herramienta de notoriedad casi obligada. Mientras, el gran debate en materia de derechos sociales está en el déficit sanitario y en la búsqueda de una financiación capaz de garantizar las prestaciones de una población cada vez más envejecida y con tendencias a las dolencias crónicas. El Estado no sabe de dónde sacar más dinero para atender esa demanda de 1.800 millones al año que necesita la sanidad española. Y mucho menos, si los catalanes se quedan con el 50% de lo que recaudan.