Euskadi y España

DE NADA sirve reaccionar contra el proyecto presentado por Ibarretxe con frases de falsa autoridad, con alaridos o con gestos que revelan sobreactuación política. Para nadie puede resultar una sorpresa el contenido de las bases del Estatuto de Libre Asociación con el Estado Español, que, entre otras cosas, es el resultado de la presión creciente a la que el nacionalismo vasco se ha visto sometido en los últimos cuatro años. Los que deseamos la permanencia del País Vasco en España, que defendemos una interpretación abierta y flexible de la Constitución y que aspiramos a la desaparición definitiva de ETA, podemos afrontar la coyuntura abierta desde una voluntad de encuentro, utilizando la legalidad constitucional sin interpretaciones dogmáticas, o bien negando cualquier diálogo convirtiendo la Constitución en un muro de contención. Y la decisión que se adopte ahora puede resolver o puede arruinar definitivamente el intento nacido en 1978. Es verdad que la tarea no resultará sencilla porque el encaje constitucional de las propuestas del Gobierno vasco tampoco lo son. Basta leer el discurso de Ibarretxe para comprender que no estamos ante una iniciativa «independentista» o «secesionista». El proyecto se elabora desde una concepción de soberanía compartida y el resultado institucional se aproxima más, en algunos casos, a un modelo confederal que a un sistema autonómico. Pero el problema de fondo es anterior, tiene un profundo calado y hunde sus raíces en nuestro siglo XIX y en la debilidad del liberalismo modernizador. Los redactores de la Constitución de 1812 deseaban una España unitaria y centralizada como signo de modernidad consustancial con la Revolución Francesa. Pero sus deseos reformistas se estrellaron contra las fuerzas del Antiguo Régimen. Como escribieron Jordi Solé Tura -ponente constitucional- y Eliseo Aja en relación con nuestra historia, «no hay una sucesión más o menos cíclica de períodos constitucionales con signo diverso. Lo que hay es la creación lenta, contradictoria y dramática de un sistema de aparatos e instituciones, bajo la dirección de una oligarquía que asienta su poder excluyendo a las demás clases, cerrando o estrechando los canales constitucionales de acceso al poder». Sólo la Constitución de 1978 inició una democratización del Estado. El conflicto vasco no es una invención de Arzalluz y no lo podremos resolver si no reconocemos su condición de conflicto político. Los nacionalistas vascos y los que no lo somos, no queremos convivir con ETA. Pero su desaparición requerirá superar cualquier contencioso histórico que impida su renacimiento. Y para ello será preciso dialogar y buscar los puntos de acuerdo con el nacionalismo democrático. Lo contrario sería volver a la vieja historia de España.