DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS

Casi todos sabemos que el principio de transparencia en la gestión pública es básico para la democracia. Los ciudadanos votan y confían en gobiernos diversos para que éstos gestionen la convivencia y el patrimonio público. En esa confianza primaria descansa la relación democrática, circunstancia que obliga a rendir cuentas y a ofrecer una información veraz, asequible, comprensible y suficiente. Pero hacer transparente a la administración pública no es tarea sencilla, pese a que el mencionado principio inspira leyes, discursos, instituciones y valores cívicos asentados. La gestión transparente es siempre una conquista democrática. Una tarea que precisa de atenciones y reformas permanentes destinadas a mejorar su dimensión cuantitativa y cualitativa. Algunos ejemplos próximos ayudarán a comprender mejor la deficiente situación actual. El primero es de rabiosa actualidad. Los gobiernos tienden a manipular con descaro las televisiones públicas si no existen controles institucionales y sanciones ciudadanas. Otro ejemplo significativo es la total ausencia de información sobre los resultados y efectos de la reforma del IRPF (1999) cuando ya se anuncian más cambios en el impuesto. La cuenta general de la comunidad autónoma gallega también ignora, pese a ser de obligado cumplimiento, los compromisos de gastos sobre ejercicios futuros que se derivan de su elevado endeudamiento. Las consellerías no explicitan objetivos para evitar los análisis de eficacia y eficiencia. El Sergas no proporciona información de sus inversiones, de su patrimonio y de la metodología utilizada para calcular las listas de espera. Los municipios no divulgan el coste y el rendimiento de sus servicios. La gran mayoría de las entidades locales gallegas continúan sin rendir sus cuentas en tiempo y forma. Los ejemplos podrían multiplicarse. Informes, memorias y cuenta general elaborados por las administraciones e instituciones de control todavía resultan aburridos y farragosos. No consideran al ciudadano -que es el usuario y el que paga- ni analizan aspectos básicos de la gestión. Su contenido es de consumo interno (políticos, gestores, burócratas), su accesibilidad es reducida (mejorada ahora con Internet) y sus retrasos son habitualmente de difícil justificación. Mejorar los flujos de información relevante entre ciudadanos y gobiernos, potenciar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas y considerar al contribuyente como destinatario principal de informes y memorias, son objetivos de calidad democrática que exigen atenciones y cuidados exquisitos. Pero su realización efectiva dependerá siempre de voluntades políticas robustas, de controles externos diligentes, de tribunales de justicia sensibles y de ciudadanos conscientes que exijan todas estas cosas. Cuando la información de las administraciones públicas se reduce y diluye en batallas mediáticas, el error es inmenso. Así no se construye la democracia.