Un proyecto para construir en Lugo dos edificios con 146 viviendas de protección

La Xunta de Galicia tiene en marcha en Lugo dos proyectos para construir vivienda de protección pública en la avenida Paulo Fabio Máximo, además de la prevista para O Castiñeiro y que está pendiente de trasladarse a otro punto.

Según sostiene el gobierno autonómico, en Paulo Fabio Máximo construirá dos edificios, uno de 76 viviendas en el que invertirá 11 millones de euros, y otro de 70 pisos cuya construcción costará 10,1 millones de euros. Además de ellos, el gobierno de Rueda tiene otros 8 millones (2,8 provienen de fondos europeos) reservados que inicialmente iban a destinarse a la parcela de O Castiñeiro. 

Sobre esta cuestión, en los últimos días Xunta y Concello volvieron a polemizar. Desde el Ayuntamiento recordaron que el gobierno autonómico dispone de derechos urbanísticos en varios puntos de la ciudad para poder construir, y que por lo tanto no puede condicionar la construcción de más vivienda social en la ciudad a la permuta de terrenos en O Castiñeiro. «Pedímoslle ao PP que deixe de desvirtuar o debate, que non intente facer crer á poboación que para licitar máis vivenda social resulta imprescindible materializar un convenio co Concello, porque non o é. O convenio ten como función compensar á Xunta pola edificabilidade que perde no Castiñeiro pero non é óbice para que a Xunta poida investir en Lugo con cargo ás subvencións europeas que recibiu», señaló la concejala Paula Alvarellos.

El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, respondió asegurando que los proyectos de Paulo Fabio Máximo ya están en marcha, ya que se licitaron en julio por 1,1 millones de euros los contratos de redacción del proyecto y de dirección de obra, pero añade que necesitan otra parcela para edificar lo previsto en O Castiñeiro, de ahí que urjan la permuta. 

«Queremos executar tamén o investimento que estaba previsto no Castiñeiro», dijo Arias, que puntualizó que las dos parcelas de Garabolos y la de O Castiñeiro son las únicas que tiene la Xunta en las que puede actuar directamente, sin necesidad de un desarrollo urbanístico previo.