La catedral supo desde el 2002 que le robaban el 10 % de sus ingresos anuales

Descontrol y falta de transparencia. Así podría resumirse el funcionamiento interno de la catedral de Santiago a tenor del relato que ayer ofreció al tribunal su excontable en la cuarta jornada del juicio por el robo del Códice Calixtino. Pedro Ceán Pose empezó a trabajar en la basílica en junio del 2002 y cesó en noviembre del 2012. Llegó de la mano del que era por entonces administrador, Manuel Iglesias, y solo tardó unos meses en percatarse de que no cuadraban las cuentas. En el primer arqueo saltó la sorpresa. Como no habían podido contar el remanente desde enero porque había llegado a mitad de año, el balance de caja tendría que haber sido el de superávit, pero lo que se encontró fue un preocupante déficit al que el canónigo administrador respondió con un «no puede ser» pensando incluso que el programa informático «contaba mal».

Pero al año siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Aproximadamente faltaban un 10 % de los ingresos totales de la catedral, que el contable cifró ayer en dos millones de euros anuales. Al administrador le asaltó entonces la duda, según Ceán Pose, pero tampoco tomó las medidas que le propuso el técnico porque seguía manteniendo que no podía faltar dinero de una caja fuerte de la que solo él tenía las llaves.

El contable quería profesionalizar la gestión y el control de las cuentas de la catedral y propuso una serie de medidas como hacer al menos un arqueo de caja al mes y reducir al máximo los pagos en metálico para evitar acumular muchos fondos en la caja fuerte y para que la mayoría de los movimientos quedaran registrados en los apuntes bancarios.

No tuvo mucho éxito y apenas logró que se hiciese un arqueo de caja al año y en algunos ejercicios ni eso, como en el del 2004, por ser Año Santo. Quien los debía hacer era el administrador, pero Manuel Iglesias tenía responsabilidades en las misiones, llevaba dos parroquias y parecía no dar abasto. Además de la falta de control, tampoco se ofrecía toda la información al cabildo sobre la desaparición de dinero porque, en palabras del excontable, «la información económica no se trasladaba en su globalidad» porque «había un silenciamiento discreto» en torno a este asunto.

Los desfases entre lo que se suponía que se había ingresado por limosnas, donaciones y las entradas de museos y cubiertas continuaron produciéndose año tras año. Finalmente, en el 2007 el administrador decidió atender las recomendaciones de Ceán y se intentó crear una oficina económica, pero cuando se empezaron a tomar medidas «la organización empezó a crujir por todos los sitios y hubo una marcha atrás», explicó al tribunal.

Esa falta de rigor en la gestión y control de las cuentas fue la que permitió presuntamente a Manuel Fernández Castiñeiras robar entre el 2000 y el 2011 los 2,3 millones de euros que asegura el fiscal, que en total le pide 15 años de cárcel. No en vano, no fue hasta el 2010 cuando las sospechas llevaron al administrador a instalar una cámara de seguridad en su despacho en un intento de identificar al ladrón. La instalación falló, jamás fue visualizada y tras la detención del exelectricista de la catedral como presunto ladrón del Códice se aviso a la policía, que fue la que finalmente logró ver los vídeos en los que aparece Fernández Castiñeiras abriendo la caja fuerte y sacando fajos de billetes que se mete en los bolsillos.

En la jornada de ayer también declaró como testigo Antonio Tenorio, el que fue el jefe policial de la investigación del robo. Explicó que «desde el principio» Fernández Castiñeiras estuvo en la lista de sospechosos, pero que no fue hasta una «segunda fase» que comenzó en enero del 2012 cuando el exelectricista pasó a ser el objetivo prioritario y casi único de los investigadores.

El jefe de la Brigada de Patrimonio relató que conocían las desavenencias entre el electricista y la catedral por motivos laborales y señaló que el móvil del robo fue la venganza de Fernández Castiñeiras contra el entonces deán, José María Díaz, por no haberle ayudado a conseguir que la basílica le contratase.

Tenorio también explicó que en modo alguno pensaban hallar los 1,7 millones de euros que encontraron en los registros de los pisos del acusado «porque la catedral nunca lo había denunciado» y sostuvo ante los ataques de la abogada defensora la legalidad y corrección de todos los registros. Según declaró, los de los pisos se hicieron siempre con consentimiento de los detenidos y en presencia de abogados. Sobre la confesión, ratificó que Castiñeiras relató ante la policía ser el responsable de la desaparición del libro y también admitió haberse llevado el dinero de la catedral.

También pasó por la sección compostelana de la Audiencia Provincial el representante legal de la tienda de la catedral, que negó que, tal y como Castiñeiras aseguró, el electricista hubiese comprado en su establecimiento los diez facsímiles que tenía en su poder. El testigo relató que estos libros, por tener un precio de más de 3.000 euros, se vendían a razón de uno al año «y casi hacíamos una fiesta», añadió. Aunque admitió que él no despachaba habitualmente dijo que «si hubiese comprado uno las chicas me lo habrían dicho, me habrían dicho Manolo compró un facsímil», porque le conocían dado que pasaba por la tienda todos los días para acceder a la basílica.

El representante de la inmobiliaria de O Grove a la que Castiñeiras compró su apartamento en la playa de A Lanzada también testificó ayer. Ratificó que el presunto ladrón del Códice y de 2,3 millones de euros de la catedral abonó al contado el piso, situado en A Revolta, en dos pagos. Antes de que acabase la obra uno de 65.000 euros y los 85.000 restantes ante notario. El fiscal considera que Castiñeiras y su familia cometieron blanqueo de capitales al hacer esta compra con el dinero presuntamente robado.