¡Váyanse!

Solo hay una cosa peor que ser engañado, y es que, además, se mofen de uno. Y eso es lo que hizo ayer Martínez-Pujalte. Si ya resulta indignante comprobar como hay diputados que se aprovechan de sus cargos para hacer negocios, el cinismo con el que lo justifica es motivo para la ira. Es lo que tiene la confusión entre lo público y lo privado, que pierden de vista la especial dignidad que requiere el ejercicio de un puesto que le ha dado el pueblo. Porque no es suficiente con respetar la ley, eso se presupone. Quienes nos representan están obligados, por la esencial honorabilidad constitutiva del cargo, a un mínimo comportamiento ético. Y eso excluye prevalerse de su posición para hacer negocios ocultos, sortear la legalidad con subterfugios y comprometer la limpieza del mandato representativo. Y es incompatible con el fariseísmo de predicar austeridad mientras se vive a cuerpo de rey -o de reina, en el caso de la alcaldesa de Valencia-, con cargo al dinero público. No, no es cuestión de legalidad, sino de decoro, decencia y dignidad. Y quienes no lo comprenden, o no quieren comprenderlo, deberían renunciar a su puesto, porque han perdido la legitimidad moral para ejercerlo. Pero aún es más grave que el PP cierre filas y pretenda suavizar el régimen de incompatibilidades para amparar lo injustificable, que es abrir aún más las puertas giratorias. También puede ser que quiera diputados a tiempo parcial, pluriempleados, en el mismo régimen de precariedad laboral que los trabajadores en general.