Para no tropezar dos veces en la misma tierra

¿Cómo debe quedarle el cuerpo a un presidente del Gobierno cuando sobre uno de los asuntos políticos y sociales más trascendentales que ha vivido su país en las cuatro últimas décadas el primer ministro de otro Estado se le adelanta a hacer declaraciones para fijar al respecto una posición pública inequívoca?

Aunque la hipótesis resulta tan extraña como para que sea difícil dar una respuesta cabal a esa insólita pregunta, Mariano Rajoy ha tenido el dudoso privilegio de ser uno de los pocos dirigentes europeos que ha podido vivir tal experiencia con insuperable intensidad: y es que, mientras él guardaba un silencio sepulcral sobre lo ocurrido el domingo en Cataluña -un acto de abierta sedición frente al Estado democrático y de gravísima conculcación institucional de su Constitución-, el jefe del Gobierno británico se despachaba a gusto en defensa de la unidad de España y en contra de la ilegalidad de un referendo que, como tal, carece de toda validez.

Quizá abochornado por un hecho verdaderamente extravagante, que marcará sin duda todo lo que le resta de mandato, Rajoy decidió ayer, ¡con tres días de retraso!, salir a dar la cara, que es uno de los conceptos retributivos que van incluidos en la nómina del presidente del Gobierno. Y visto lo que dijo, no parece que hubiera motivos para retrasar de una forma tan incomprensible su comparecencia ante los medios.

Rajoy empezó por constatar cuatro evidencias: que la consulta fue ilegal, que resultó un gran fracaso para la Generalitat, que los catalanes que no acudieron a las urnas de cartón doblaron en número a los que sí lo hicieron y que Cataluña es un territorio internamente muy plural. Tras ello, el presidente cumplió con una obligación inexcusable al manifestar que no negociará ni sobre la autodeterminación ni sobre la secesión y que el camino que marca la legalidad para que la Generalitat haga valer sus pretensiones es el de proponer, porque constitucionalmente puede hacerlo, una reforma constitucional, que se discutiría en las Cortes, donde reside la soberanía del pueblo español en su conjunto.

Rajoy defendió finalmente la proporcionalidad de la actuación del Estado en la jornada del domingo, que habrían tratado de evitar, en su opinión, males mayores. Una verdad que no discutiré, pero que esconde, sin embargo, un gran engaño: que si el Gobierno hubiera actuado a tiempo con los instrumentos que le otorgan la ley y la Constitución es muy probable que se hubiera conseguido evitar un referendo que jamás debió llegar a celebrarse. Por eso no puede entenderse que Rajoy, visto lo que podría venírsenos encima -una declaración unilateral de independencia-, no hiciera con toda solemnidad una advertencia pública sobre las consecuencias que se derivarían de un nuevo incumplimiento de la ley que estuviese a la altura de las chulescas e intolerables amenazas de Mas y de Junqueras.