El Tribunal de Cuentas pide cambios para poder acceder a datos de bancos y empresas

El Tribunal de Cuentas quiere que se modifiquen una serie de leyes para facilitar su labor y que le permitirían, por ejemplo, acceder a datos que posean bancos, empresas, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, de los entes que fiscaliza, entre ellos los partidos políticos.

Esta pretensión, a la que suma un aumento de las multas en caso de no colaborar con el Tribunal, está recogida en una moción aprobada por éste que ha sido enviada al Parlamento y que ha contado con la oposición de dos consejeros que, en su día, fueron elegidos a propuesta del PSOE.

El texto de la iniciativa, al que ha tenido acceso Efe, pretende perfeccionar la regulación legal del deber de colaborar con el Tribunal por parte de las personas físicas y jurídicas públicas y privadas para mejorar la eficacia del control de la gestión económica y financiera por parte del sector público.

Considera esta institución que la ley que la regula no resulta ya suficiente para asegurar esa colaboración cuando se solicita a determinados órganos, entidades o instituciones que no están siendo objeto de fiscalización en relación con datos o información de terceros que sí lo están siendo.

Como ejemplo, cita datos tributarios o bancarios de entidades o personas fiscalizadas que están en poder de la Administración Tributaria o de entidades financieras.

La moción pide cambios, además de en la ley que regula el Tribunal, en la Ley General Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social, en la Ley de Reforma del Sistema Financiero, y en el Reglamento y la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

En concreto, los cambios en la Ley de Reforma del Sistema Financiero o, en su caso, del decreto que aprobó el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, tienen como objetivo facilitar el acceso a los datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas y sus entidades dependientes.

También serviría, según el Tribunal, para conocer los créditos concedidos a los partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores para su funcionamiento ordinario y para gastos electorales.

Igualmente, quiere que se incluya de forma expresa al Tribunal entre los sujetos habilitados para acceder a los datos de la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

En esa línea, pide eliminar obstáculos normativos que puedan impedir el acceso a los datos públicos sobre los riesgos crediticios de las Administraciones Públicas territoriales y sus entidades dependientes.

Pretende asimismo cambios en la Ley Tributaria para aumentar la colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de forma que el acceso a los datos se refiera en su totalidad al ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal y no se limite exclusivamente al supuesto en que la Agencia sea la entidad fiscalizada, que es lo que sucede en la actualidad.

El mismo objetivo tiene la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para los datos que ésta posea.

En el capítulo de multas para quienes no atiendan sus requerimientos, el Tribunal pide que se eleven y, en vez de oscilar entre los 60 y 900 euros actuales, sean de 600 a 9.000 euros.

Los dos consejeros que se han opuesto a esta iniciativa y que, en consecuencia, han planteado un voto particular, son Lluis Armet y Ana Pérez Tórtola.

Armet advierte de que el Tribunal ha de ejercer su actividad dentro de los límites fijados por el ordenamiento jurídico vigente sin que sus competencias le faculten para cuestionar esos límites, y alerta de que la iniciativa puede dañar el derecho a la intimidad personal.

Por su parte, Pérez Tórtola considera que la legislación actual es suficiente y, tras asegurar que no se opone a que haya capacidad de acceso a datos financieros de personas físicas y jurídicas privadas, plantea que se haga en términos más restringidos que los propuestos.