El Gobierno y el Poder Judicial se movilizan para evitar la huelga

Mariano Fernández Bermejo se sentará cara a cara con las asociaciones de jueces que amagan con ir a la huelga el próximo 26 de junio. Menos de 48 horas después de que los colectivos judiciales presentaran sus quejas, el Gobierno comenzó a movilizarse ayer para tratar de evitar el paro y las protestas previstas para 18 de febrero. El Ministerio de Justicia convocó ayer una «reunión urgente», para la que busca fecha, para discutir el «documento reivindicativo de la carrera judicial», en el que los jueces y magistrados reclaman mejoras salariales y menores cargas de trabajo.

Tras las duras palabras del titular de Justicia, que el martes dijo que una huelga sería una «traición» a los ciudadanos, el ministerio remitió ayer un escrito a los cuatro colectivos de jueces que defienden las protestas en el que les señala que el ministerio considera urgente convocar una nueva reunión con los representantes para «examinar la situación actual». Aunque el ministerio se dice dispuesto a estudiar el documento en el que las asociaciones piden una nueva ley de retribuciones que contemple las horas extras y un reglamento que establezca la carga máxima de trabajo de cada órgano judicial, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega acotó ese diálogo a la «modernización de la Justicia». El Consejo General del Poder Judicial se mostró ayer esperanzado en que su mediación con el Gobierno pueda abrir una salida al problemas.

Contrapunto

Los gestos de aproximación desde el Gobierno y el Poder Judicial tuvieron su contrapunto en el PSOE. El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui, presentó una solicitud para que las cuatro asociaciones judiciales expliquen ante la Comisión de Justicia su amago de huelga. Nunca antes se había presentado una solicitud así en la Cámara.