Los inmigrantes llenan los reformatorios

Desde la entrada en vigor de la Ley Penal del Menor, el 13 de enero del 2001, la imagen de los reformatorios madrileños siempre ha estado sujeta a noticias sobre huidas, motines y destrozos en su interior. Pero más allá de la polémica que provocan estas situaciones, se sabe muy poco de la vida que llevan estos adolescentes; cómo llegaron hasta allí; qué diferencia existe entre un chico que cumple condena en una residencia de régimen cerrado y otro en un lugar semiabierto; o cuánto tiempo pueden pasar dentro. El coordinador de los centros de reforma del Gobierno regional, Víctor García, analiza el perfil tipo de estos menores: «La mitad son inmigrantes, de ellos el 80% de origen magrebí; son policonsumidores de estupefacientes, sin llegar a la adicción; sufren un retraso educativo de dos a cuatro años; tienen dificultades para controlar la frustración y el estrés; y en su familia existen problemas de interrelaciones personales». En función de la gravedad de sus delitos cumplen su pena en reformatorios cerrados o semiabiertos. A los primeros llegan aquellos que han usado la violencia, han traficado con drogas o han asesinado. El segundo tipo de residencias acoge a adolescentes que han cometido robos reiterados, pero sin recurrir a la intimidación o a la fuerza. La vida en los centros cerradas resulta lo más parecido a una cárcel. Todas las actividades se realizan en su interior y los permisos (concedidos por el juez) sólo llegan después de haber cumplido más de la mitad de la pena y con una sentencia firme. «El interno lo solicita y nosotros enviamos un informe valorando su evolución. Al final, es el magistrado quien decide, aunque suele guiarse de nuestra evaluación», explica García. Si en los cerrados los permisos son algo extraordinario, en los semiabiertos están a la orden del día. Incluso, desde la primera jornada que aterrizan en estos lugares salen al exterior para estudiar, trabajar, visitar a su familia o para cualquier otra actividad lúdica. En ambas situaciones, conforme mejora su comportamiento, los permisos aumentan. Posibilidad de fugas Con el gran margen de autonomía que existe en los internados semiabiertos, la posibilidad de fuga se incrementa, como ya ocurrió hace ahora un año, cuando tres chicos aprovecharon una visita a la piscina para huir. Horas después, robaron un coche y se dirigieron hacia Leganés, donde colisionaron contra un camión. Uno de ellos murió en el acto. El 45% de las sentencias ordenan el internamiento en centros cerrados y el 35% en residencias semiabiertas. El diez por ciento restante se lo reparten las residencias abiertas y terapéuticas. La Ley Penal del Menor establece que la pena máxima es de siete años, aunque el caso más grave que acoge la comunidad es el de un adolescente con una condena de cinco años en régimen cerrado.