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«Nos dijeron que las redes sociales se convertirían en una herramienta para el entendimiento y la cooperación global, en un vehículo para la libertad, la transparencia y la responsabilidad, en un espacio donde los algoritmos ayudarían a mejorar nuestra sociedad y nuestras vidas. Pero ha ocurrido lo contrario. [Es...] un lugar donde se ignoran las leyes y se tolera la delincuencia, donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren discursos de odio; donde los algoritmos distorsionan el debate público y nuestros datos e imágenes son pirateados y vendidos». Pedro Sánchez introdujo ayer de esta forma en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái su intención de prohibir en España el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, como ya ha hecho Australia y como prevén hacer Francia, el Reino Unido y Portugal.

Las cinco medidas del plan del Gobierno son:

1. Poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas digitales.

2. Tipificar como delito la manipulación de los algoritmos de recomendación y la amplificación de los contenidos ilegales.

3. Prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad.

4. Crear un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una huella de odio y polarización.

5. Abordar con la Fiscalía las investigaciones sobre posibles deepfakes en Grok, TikTok e Instagram.