La gestora de la planta de reciclaje avisa de que el presupuesto es nulo

El futuro de los presupuestos de este año, los primeros del gobierno de la Marea, se nubla cada vez más. A la crisis política causada porque el ejecutivo carece de apoyos claros en el pleno para aprobar el documento que pretendía, se suman las reclamaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos para garantizar las subvenciones a esas entidades, y la de Albada, la empresa concesionaria de la planta de reciclaje de Nostián, que advierte que el texto es «totalmente nulo».

La compañía ha presentado una alegación, la primera en muchos años impulsada por una concesionaria municipal contra unos presupuestos, que exige que se vuelva a incluir una partida para el sellado del vertedero. Esos trabajos, que tendrán un coste estimado de cuatro millones de euros, aparecían en las previsiones de gasto del 2011, 2014 y 2015, pero nunca se llegaron a ejecutar.

En la alegación se explica que en noviembre del 2010 la Xunta dio su conformidad al proyecto de sellado, pero no fue hasta julio del 2015 cuando la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta estableció «un plazo de un año» para que el Ayuntamiento haga la obra.

El documento también afirma que «sorprendentemente» el Ayuntamiento «ni siquiera ha emitido un documento técnico sobre la viabilidad de la obra», y además se ha «excluido la previsión de fondos» para ejecutarla.

Albada entiende que la eliminación de esa partida es de «gravedad máxima», ya que impedirá ejecutar el sellado durante este año; y añade que «implica ir en contra de la normativa de contratación pública» y la «doctrina de los actos propios de la Administración». Es más, insiste en que los presupuestos serían «totalmente nulos» al omitir un gasto en el anexo de inversiones que «debe asumir» el Ayuntamiento y provocar la aparición de defectos en el documento. Paradójicamente, esa acusación es similar a la que el gobierno local lanzó contra las enmiendas del PP y el PSOE, a quienes criticó por causar desajustes dentro del texto.

Además, Albada recuerda, entre otras, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula el presupuesto de Melilla del 2010 por un defecto en su anexo de inversiones.

Aunque hace referencias a dictámenes judiciales, la compañía ni confirmó ni desmintió que piense acudir a los tribunales si su reclamación no es atendida.

Claro que no sería extraño que el asunto acabase en los juzgados, que ya dirimen otros conflictos entre empresa y Ayuntamiento.

Rectificación del gobierno local

La alegación también explica que en agosto del 2015 el Ayuntamiento presentó un recurso contra la decisión de la Xunta de dar su autorización ambiental para el sellado. En su recurso, el gobierno local decía que la cuestión sobre quién debe pagar la obra «debe ser abordada por el Ayuntamiento y la empresa (...) en el marco de sus relaciones contractuales». Pero ni en el contrato ni en los pliegos de adjudicación aparece que deba ser la compañía la encargada de financiar los trabajos, por lo que la responsabilidad recaería en María Pita, como antes había indicado la Xunta.

Sin embargo, el gobierno rectificó 23 días más tarde su escrito, pidiendo que se considerasen no presentados varios párrafos del texto, entre ellos el entrecomillado.

El Ayuntamiento ya se juega más de 35 millones en su pugna judicial con la compañía

El Ayuntamiento y Albada mantienen una intensa batalla judicial, en la que las arcas municipales se juegan más de 40 millones de euros. La chispa que encendió el conflicto está en el mismo origen de la planta de Nostián, ya que las auditorías realizadas durante el anterior mandato concluyeron que el proyecto de la instalación contenía estimaciones erróneas que provocaron desequilibrios económicos en la concesión. Larvado durante años, el conflicto estalló durante el anterior mandato, cuando se produjo un intercambio de demandas entre la compañía y las autoridades municipales.

La empresa planteó tres demandas al Ayuntamiento. La única resuelta se falló a favor de María Pita, pero era la única que no incluía una reclamación económica, las dos que siguen vivas podrían costarle cerca de 42 millones. Albada también inició un procedimiento contra el Consorcio As Mariñas que sigue pendiente de resolverse. Por su parte, el Ayuntamiento inició un proceso para anular un acuerdo aprobado por la junta de gobierno en abril del 2011, poco antes de la llegada del PP a la alcaldía, que reconoce el pago de 3,3 millones de euros anuales a la empresa.

Es posible que el listado de demandas crezca si el Ayuntamiento rechaza la alegación de Albada, aunque la empresa evitó confirmar que piense acudir a los tribunales para reclamar otro desequilibrio económico. Si lo hiciese, las apuestas en la pugna judicial que mantienen ambas entidades aumentarían por lo menos en cuatro millones más.