Alcoa alega que no tiene fondos para cumplir con lo firmado en San Cibrao y dice que el acuerdo «no hará viable» la planta

Alcoa alegó este lunes tras una reunión con la Xunta que no tiene fondos para cumplir con lo comprometido en el acuerdo firmado con los trabajadores, y pidió a las Administraciones de Galicia y del Estado que «identifiquen todas las formas posibles de ayuda» para «una solución a largo plazo» en el complejo industrial de Cervo. La multinacional se comprometió con la plantilla, que aprobó a cambio un cese productivo temporal en la planta de aluminio, a ejecutar reformas en las instalaciones, blindar los empleos y arrancar de nuevo todas las series de electrolisis, proceso que deberá iniciarse el mes que viene y completarse en octubre del 2025. A semanas de ese hito, y tras anunciar que congela el proyecto del horno de cocción de ánodos, la inversión más importante de todas las incluidas en el pacto, el CEO de la compañía, William Oplinger, insiste en que ve «muy difícil» cumplir «con todos los compromisos» firmados con el personal y, de hecho, la firma se anuncia insolvente para hacerlo.

«Cuando se firmaron los acuerdos de viabilidad —una primera versión, del 2021, fue modificada el pasado enero para dar a la multinacional más plazo para cumplir lo pactado—, Alcoa tenía fondos suficientes para cumplir con todos sus compromisos. Sin embargo, basándose en las condiciones económicas actuales y previsibles, se necesitan soluciones a largo plazo para hacer frente a las condiciones comerciales insostenibles en las operaciones de San Cibrao», expone la firma.

La versión de Alcoa comunicada este lunes presenta otra novedad, y es que, a pesar de que el acuerdo firmado con los trabajadores afecta a la única planta de aluminio primario de España —que permanece parada desde enero del 2022—, la compañía radicada en Pittsburgh reclama también apoyo institucional para «el complejo industrial», incluyendo en la ecuación de crisis a la factoría de alúmina. La refinería produce al 50 % de su capacidad desde el verano del año pasado, en un recorte productivo que la empresa ligó en su momento al precio del gas.

«Los resultados, tanto de la planta de aluminio como de la refinería, han seguido empeorando. El coste de la energía a largo plazo sigue siendo poco competitivo, y se han retrasado los permisos y el desarrollo de parques eólicos vinculados a los acuerdos de compra de energía (PPA) firmados por Alcoa. Por otra parte, la compañía ha experimentado retos de mercado que incluyen el impacto de la desaceleración económica en Europa y los precios de venta de productos más bajos», manifiesta Alcoa, que no obstante subraya que ha invertido «65 millones en el 2023» para cumplir con el acuerdo firmado.

Alcoa también expuso este lunes su versión sobre la reunión, a la que asistieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, en un comunicado remitido a la plantilla. En la nota indica que prevé «pérdidas de más de 200 millones de dólares en 2024» en San Cibrao, estimación que «incluye todos los gastos asociados con las inversiones». Cifra las pérdidas desde 2020 en 700 millones. Y sobre todo asegura por primera vez desde la firma del pacto que «las acciones incluidas en el acuerdo no permitirán lograr que la operación en la planta de aluminio sea viable, a menos que haya una mejora sustancial en las condiciones de mercado y en los costes energéticos».

Insiste la compañía en que «no ha tomado ninguna decisión ni ha incumplido el acuerdo de viabilidad», pero quiere iniciar «un proceso consultivo transparente» para «identificar soluciones a esta situación». De ahí la reunión solicitada a la Xunta, como «parte de una serie de reuniones planificadas con las partes interesadas clave».

«Nuestro planteamiento es iniciar conversaciones para explorar opciones que permitan extender los fondos disponibles y necesarios para operar la planta hasta un punto en el que la operación sea viable, o bien evaluar soluciones alternativas», apuntó.

Lorenzana insistió en pedir «plazos» a Alcoa para retomar el proyecto del horno de cocción de ánodos grandes, presupuestado en 109 millones de dólares y sin el que los trabajadores no ven futuro a la planta de aluminio. Este lunes no hubo novedades al respecto y la conselleira reclamó a la empresa «un calendario con fechas firmadas» y «transparencia absoluta» sobre sus planes, ya que de no comprometer hitos la compañía podría incurrir en una cancelación encubierta del pacto.

La dirigente del Gobierno autonómico subrayó con todo que el retraso «no supone ni un despido colectivo, ni el cierre, ni la venta de la fábrica», y precisó que Alcoa mantiene su intención de comenzar el arranque de la fábrica de aluminio en enero.

Lorenzana demandó al Gobierno central «sensibilidad» con Alcoa y «medidas específicas» para el complejo industrial, y abogó por una «actuación coordinada» ya que «por el bien del empleo, no se puede politizar» con esta situación.

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, presidirá el próximo viernes una mesa de seguimiento con Xunta, Alcoa y sindicatos. El Gobierno «está en contacto permanente con la empresa y con los representantes sindicales y sigue muy de cerca los compromisos adquiridos para seguir avanzando en el futuro de la empresa», afirmó.