Alberto Cuesta, gerente de Servi Okupas: «Hay muchos familiares o amigos a los que les dejas tu casa y luego no se van»

Quien se haya visto en la tesitura, sabe perfectamente lo difícil que es echar a un okupa de una casa. Muchos propietarios se ven indefensos ante la demora judicial de estos procesos. Al amparo de este colapso han surgido empresas que realizan desocupaciones exprés de manera extrajudicial. Y se produce un auténtico contrasentido, que un propietario tenga que pagar para recuperar las llaves de su vivienda y poder entrar. Es el mundo al revés. Cómo consiguen que los okupas salgan de estos inmuebles es una incógnita, aunque dicen que siempre lo hacen por la vía amistosa y cumpliendo escrupulosamente la legalidad. Lo que está claro es que nadie mejor que ellos para hacer una radiografía de este problema, que cada día va en aumento. Hablamos con Alberto Cuesta, gerente de Servi Okupas, que opera en toda España.

—Sorprende que haya empresas especializadas en echar okupas de casas, eso indica que el problema es cada vez mayor.

—Nosotros estamos desde el 2019. En nuestro caso partimos de un departamento jurídico de hace más de 30 años. Vimos la oportunidad debido al gran colapso que tienen los juzgados y el tiempo que lleva poder recuperar un inmueble por la vía judicial. Trabajamos en una línea extrajudicial, que es la amistosa en cualquier caso, que las partes se entiendan. Y por eso empezamos.

—¿Cuánto tiempo se tarda en echar a un okupa a través del juzgado?

—Depende de cada juzgado, pero estamos hablando de una media mínima de 10 a 13 meses. Si las personas ocupantes se saben la legislación y las triquiñuelas, se puede extender hasta los 18 o incluso 20 meses. Casi dos años.

—¿Por qué se tarda tanto?

—Muy sencillo. Porque primero tienes que presentar una demanda, hacer un escrito al juzgado y mandarlo, el juzgado lo tiene que analizar y admitir a trámite. En eso ya te van dos meses. Una vez se acepta el trámite, hay que notificar a la otra parte. Y si esa persona no recibe las notificaciones porque no abre la puerta de su casa, básicamente porque no quiere, pues de una semana se pasa a dos, de dos se pasa al mes y puede llegar hasta los tres meses. Con lo cual, ya estamos hablando de cinco meses entre la aceptación de la demanda y la notificación. Y luego que tengas que declarar ante el juez, y que su señoría cite a las partes para el alzamiento. Eso todo es un mínimo de 13 a 15 meses. Es una auténtica locura.

—¿Solo os dedicáis a la okupación forzosa?

—Trabajamos tres tipos de conflicto inmobiliario. La okupación ilegal, es decir, entrar a la fuerza en una vivienda, que es un delito de usurpación. Luego, el inquilino moroso, que es una persona que tiene un título jurídico, llamado contrato de arrendamiento, y no cumple con sus obligaciones de pago; y la tercera parte, que es muy común, y que está mucho más extendido de lo que parece, que es el inquilino precario.

—¿En qué consiste este último?

—Es muy sencillo y se da sobre todo entre familiares y amigos. Tú tienes una vivienda vacía y un familiar o un amigo tuyo tiene un problema y le dices que se quede ahí el tiempo que necesite hasta que solucione sus cosas, pero luego no se quiere marchar. Y ahí no hay nada firmado, pero tiene constituida una morada. En este caso, el proceso judicial es más lento que en el del inquilino moroso. En un precario te puedes ir a 24 o 26 meses hasta que logras echarlo. Y hay mucha gente así, mucha más de la que pensamos.

—¿En cuánto tiempo conseguís vosotros que se vaya el okupa?

—Generalmente, la okupación ilegal la trabajamos en un par de días. Hay veces que recuperamos la vivienda en cuestión de 30 minutos y en otras ocasiones tardamos 24 o 48 horas. En cuanto a la morosidad, en este caso hay mucho jeta que no paga porque no quiere, porque no le da la real gana. Lo veo a diario y te piden que los denuncies mientras se pasean con sus coches de lujo, sus iPhones y sus patinetes eléctricos de mil euros... Eso se consigue con una resolución del contrato de arrendamiento y entrega de la vivienda al legítimo propietario. En este caso, trabajamos con un plazo de 30 a 40 días. Y en el inquilino precario lo mismo, en algo más de un mes.

—¿Y cómo lo hacéis?

—Siempre de manera legal, pero no te lo voy a decir.

—¿No lo desvelas para no dar pistas y que se conozca el procedimiento?

—En situaciones de morosidad, nosotros hacemos una mediación y resolvemos el contrato firmado. Pero en cuanto le dices eso al propietario, se va a la vivienda y lo intenta hacer por su cuenta. Luego, si esto no le funciona, también hay quien aprovecha una salida del okupa para meterse en la vivienda y cambiar la cerradura. El otro día me llamó uno de Cádiz, que tenía una inquilina precaria, y que hizo eso y cambió la cerradura porque le había firmado un papel de salida. Resultó que luego llegó la policía, lo detuvo y le han puesto una multa de 3.000 euros porque cometió un delito de allanamiento de morada. Un inquilino precario, independientemente de que no tenga título jurídico [contrato de arrendamiento], vive en esa vivienda y si el propietario accede a ella está cometiendo un delito de allanamiento.

—¿Percibes un aumento de la okupación de casas?

—Sí, va en aumento. El problema que nos estamos encontrando desde hace un año para aquí, después del covid sobre todo, es que las inmobiliarias y los particulares que tienen viviendas, no están dando facilidades a la hora de alquilarlas. Entonces, esto repercute en que la gente no puede acceder a una vivienda. Y ahora, desde hace unos meses, también hemos notado otro repunte de okupación, con entrada a la fuerza.

—¿Y eso?

—Pues porque se van liberando las viviendas okupadas, bien porque lo consigamos nosotros o bien porque lo logre el juzgado. El juzgado es lento, pero llega. Entonces, en el momento en el que le dan una batida y empiezan a echar a gente, pues a los que echan, le pegan la patada a otra puerta y se meten en otra vivienda.

—¿Está profesionalizada la okupación?

—Evidentemente, nos hemos encontrado también con personas que se están lucrando con esta situación judicial y lo que hacen es decirte: «Sí, sí, me voy, pero me tienes que dar x cantidad de dinero». El problema que vemos aquí es que muchos particulares han accedido. Y están pidiendo cantidades elevadas de dinero.

—¿De cuánto estamos hablando?

—Hay propietarios que pagan hasta 3.000 euros a los okupas para que se vayan. Y eso está mal. Porque si ya tienes que desembolsar dinero, yo lo pagaría a una empresa, pero esa persona no se lleva ni un céntimo. Porque si no, estás alentando que este me dé 3.000 euros, el otro, otros 3.000 y otro, 5.000 euros. Estás creando un mercado paralelo de extorsión. Estás fomentando que haya más okupas y además, estás cediendo a una extorsión. Tuve una clienta alemana que tenía una vivienda en Estepona y se le habían metido unos okupas, le pedían una cantidad superelevada, unos 18.000 euros por irse.

—¿Y qué pasó?

—Ella me dijo: «Alberto, gástate lo que te tengas que gastar en recuperar la vivienda, pero a esa gente no le voy a dar ni un céntimo». Me costó un mes porque estaban muy bien organizados y tuve que poner vigilancia las 24 horas, un control de acceso perimetral para que no pudiesen saltar las verjas y tener controlado el foco de entrada. Recuperé la vivienda y no se llevaron ni un euro. La dueña se quedó contenta. Me dijo: «Tú has trabajado y tu gente también y cobráis un sueldo. Y los okupas se van sin un euro y yo he recuperado mi casa».

—¿Cómo ves la situación en Galicia?

—En esa zona el perfil del okupa es de gente toxicómana o que se dedica al tráfico de drogas. Es diferente a otras partes de España. En otros sitios, la okupación la realiza gente normal que quiere entrar a vivir en una vivienda en concreto, pero en Galicia si okupan un inmueble, lo normal es que sea este tipo de perfil.

—¿En este caso es más fácil echarlos?

—Depende de la situación.

—¿Te has encontrado algún caso en el que los okupas se han ido, pero han dejado la casa destrozada?

—A nosotros lo que es destrozar la vivienda, nunca nos lo han hecho. Personalmente, a mí no me ha pasado. Yo la recupero con más suciedad o menos, pero bien.

—¿Cómo hemos llegado a esta situación?

—Te voy a resumir la situación de este conflicto. El problema que ha tenido España es un gran crecimiento en población, no se han hecho viviendas públicas y tampoco ha habido parques nuevos de viviendas privadas, y los sueldos son muy bajos. Si hacemos un recuento desde hace años, ¿cuánto han subido los sueldos? No han subido nada. Entonces este es el problema que hay.

—¿Y la okupación tiene visos de solución a corto plazo?

—Esto va a diez años. Aún no ha terminado. Va a ir a peor y hay una previsión de diez o doce años de trabajo a full. Ese es el problema de la okupación, de la morosidad en el alquiler y del alquiler en precario.

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