La Justicia determina con un caso de Vigo que «el suelo urbano no puede ser monte» comunal
VIGO CIUDAD
El Tribunal Supremo da la razón a una familia que inició la construcción de su vivienda hace tres décadas en una parcela exigida como propia por la Mancomunidad de Cabral
16 jun 2026 . Actualizado a las 01:18 h.Tras casi treinta años de conflicto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha zanjado de forma definitiva la disputa suscitada entre una familia propietaria de una finca en las proximidades del recinto ferial de Vigo y la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Cabral. El tribunal ha ratificado la plena propiedad del titular de la finca, Ramón Arines y su familia, sobre una parcela de unos 3.000 metros cuadrados ubicada junto al aparcamiento exterior del que el Ifevi dispone en la parte baja del recinto ferial.
El enfrentamiento comenzó en 1996, cuando la familia Arines adquirió la finca para reconstruir la vivienda existente en ruinas en la misma para destinarla a su vivienda. No obstante, las obras se vieron truncadas, según la Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes «ao virse obrigados aos propietarios a parar as obras no inmoble pola presión dos comuneiros, empeñados en facer unha permuta, e polas sucesivas accións intimidatorias que sufriu, como un incendio ou o derribo parcial do muro de peche».
La Comunidad de Montes basaba su derecho en un plano de deslinde administrativo de 1891 para reivindicar los terrenos como parte del monte comunal de Cotogrande. La resolución de primera instancia del Juzgado número 1 de Vigo y la posterior confirmación de la Audiencia Provincial determinaron que los comuneros no aportaron pruebas suficientes que situasen la finca dentro del perímetro comunal. Además, la Justicia otorgó plena validez a los títulos de propiedad privados del demandado, que se remontan de forma ininterrumpida hasta los años 40 del siglo pasado, y constató que una parte del terreno está oficialmente calificado e inscrito como suelo urbano.
«La transformación física del entorno por la autopista y el recinto ferial impide extrapolar vestigios del siglo XIX, prevaleciendo el principio de que el suelo urbano no puede ser monte», subraya el fallo judicial.
La Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes celebra el desenlace de este conflicto, uno de los muchos suscitados en la misma zona, calificándolo como el fin de una «inxustiza histórica e do calvario que estivo a padecer esta familia durante moitísimos anos». Asimismo, la plataforma insta a la Xunta a intervenir para frenar las reclamaciones de los comuneros sobre propiedades privadas que carecen de evidencias reales de explotación comunal.
La Audiencia Provincial desestimó la apelación de la Comunidad de Montes, concluyendo que el plano de 1891 carece de rigor geométrico y rigor en sus variables, y que los testigos confirmaron que el terreno era poseído de forma privada, reconociendo la propiedad de la familia Arines.
«Me amenazaron, me incendiaron la finca y echaron escombros»
Ramón Arines asegura que tenía el sueño de construir su casa en la finca objeto de disputa desde que era pequeño. «Pasaba todos los días por delante para ir al colegio. Allí vivía un guarda del aeropuerto. Era una finca que me gustaba mucho, por eso no quise después que me la permutasen por otra como me ofrecía la comunidad de montes. Quería esta y tenía que ser esta, era la que me había gustado siempre», dice tras conocer la sentencia que le ha acabado por dar la razón. «Ahí, con mi negativa a la permuta empezó el lío», dice. Comenzó la obra de su casa, la rehabilitación de una construcción ya existente, pero recibió la orden de paralizarla en medio de la disputa legal. Desde entonces, hace casi tres décadas, está así, solo el esqueleto de la edificación.
Arines señala que hubo denuncias cruzadas entre él y los responsables de la comunidad de montes, y aún más cosas. «Llegaron a amenazarme», dice sin concretar identidades. «Me hicieron de todo: me tiraron un muro de más de treinta metros de largo, me cerraron la finca, la incendiaron y hasta me echaron escombros», asegura.
Pese a tener ahora el reconocimiento judicial pleno, la finca parece estar gafada. La sentencia favorable no es suficiente para retomar la obra y rematar la casa. Sus 3.000 metros cuadrados están bloqueados desde hace 15 años por planes urbanísticos. La mitad aparece afectada para llevar a cabo la ampliación de la conexión de la autopista con el aeropuerto de Vigo, y la otra mitad figura en los planes de expansión para el aparcamiento del recinto ferial.
«Yo soy muy cabezón y he querido llegar hasta el final», dice Ramón Arines sobre sí mismo, con la satisfacción de haber obtenido la razón en los tribunales, aunque se haya evaporado ya su idea de construir su casa en la finca que le gustaba desde niño y en la que ya a finales de los años noventa un grupo de empresarios propuso construir una plaza de toros estable, o en su lugar un coliseo para actuaciones, conciertos y corridas de toros.