El gobierno de Vigo recurrirá la imputación de la concejala de Seguridad y la oposición reclama su destitución
VIGO CIUDAD
El gobierno de Vigo respalda a la concejala, mientras PP y BNG reclaman responsabilidades políticas y la acusación particular quiere ampliar las imputaciones
09 may 2026 . Actualizado a las 00:55 h.El gobierno local de Vigo cierra filas con la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño, después de que el juzgado acordase continuar el procedimiento contra ella y el propietario del Saltamontes por el accidente mortal ocurrido en las fiestas de Matamá en agosto del 2024. Frente a ese respaldo, PP y BNG elevan la presión política sobre Abel Caballero y exigen el cese inmediato de la edil, mientras la acusación particular prepara una petición para que también sean imputados el presidente de la comisión de fiestas y el jefe del área de Seguridad del Concello.
El portavoz municipal, Carlos Font, trasladó la «absoluta convicción» del gobierno local «en el buen trabajo desarrollado por la concejala de seguridad Patricia Rodríguez Calviño». Añadió también la «confianza total en la justicia» y recordó que «el proceso judicial sigue su curso y el auto es revisable», por lo que se solicitará su revisión «en tiempo y forma».
La respuesta del gobierno local llega al día siguiente de conocerse el auto judicial, que atribuye a Rodríguez Calviño una posible responsabilidad en el accidente mortal del Saltamontes. La concejala está imputada por homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones. La oposición municipal centra sus críticas en las competencias administrativas de Seguridad y en la falta de control sobre la atracción.
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, convocó una rueda de prensa urgente para reclamar la destitución de la edil. Aseguró que el auto supone «un punto de inflexión» y sostuvo que la responsabilidad señalada no sería técnica, sino «política derivada de las competencias administrativas otorgadas a esta concejala». También destacó que el procedimiento fue sobreseído para el jefe de Seguridad y para la Policía Local.
Sánchez afirmó que «la seguridad de Vigo no puede seguir en manos de una concejala que está imputada por homicidio imprudente» y dio al alcalde 24 horas antes de promover un pleno extraordinario. La dirigente popular acusó a Caballero de mantener un «silencio cómplice» y le exigió que explique por qué, según dijo, se intentó culpar a la comisión de fiestas y a la Policía Local.
El BNG también reclamó explicaciones públicas. La formación nacionalista registró un escrito para exigir la comparecencia urgente de Abel Caballero en el pleno, al considerar que existe «unha responsabilidade política directa» del alcalde. Su portavoz, Xabier Pérez Igrexas, acusó al gobierno municipal de «escoller o silencio» desde el accidente y de intentar «desviar culpas cara á Comisión de Festas ou mesmo cara á Policía Local».
Igrexas sostuvo que el auto judicial «desmonta ese relato» y apunta a la gestión del gobierno local por incumplir sus obligaciones de inspección, control y seguridad sobre la atracción. «Cando un goberno cala diante dunha morte que podía evitarse, deixa de protexer á cidadanía para empezar a protexerse a si mesmo», afirmó.
El BNG pidió igualmente el cese inmediato de Rodríguez Calviño. «A señora Rodríguez Calviño non pode continuar nin un minuto máis no Goberno local», señaló Igrexas, que reclamó además una comisión especial de investigación con acceso a toda la documentación administrativa del caso y comparecencias de los responsables políticos y técnicos implicados.
Mientras la oposición sitúa el caso en el terreno de la responsabilidad política, el gobierno local mantiene su respaldo a la concejala y anuncia que combatirá el auto por la vía judicial.
Acusación particular
La novia de Iván Castaño, fallecido en la atracción del saltamontes en Vigo en el 2024, pedirá que el juez instructor impute también por homicidio imprudente al presidente de la Comisión de Fiestas Nosa Señora das Neves de Matamá, Cristian González, y al jefe del área de Seguridad del Concello de Vigo, Antonio Vivero. El juez ha archivado la causa contra ellos pero la acusación particular cree que ellos también deben ser sentados en el banquillo, además de la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, y el dueño de la atracción. La pareja del difunto resultó con contusiones por el accidente y acusa a los implicados de un delito de lesiones imprudentes, lo mismo que otra perjudicada.
En el caso de Cristian González, la comisión fue la encargada de obtener los permisos para poner en funcionamiento las atracciones en el campo de la feria de Matamá en agosto del 2024, lugar donde también organizó conciertos como el del DJ Kiko Rivero.
El juez de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo sobreseyó provisionalmente la causa contra el presidente de la comisión de fiestas porque, a pesar de su conocimiento de la situación de riesgo, carecía de la potestad legal para adoptar medidas coercitivas como el precinto de la atracción. Dicha potestad recaía exclusivamente en los órganos de la Administración local. Por tanto, no puede atribuírsele una «posición de garante», en el sentido penal que le obligara a impedir el funcionamiento de la atracción bajo amenaza de responsabilidad por homicidio imprudente por omisión.
El juez consideró que el presidente de la comisión de fiestas, si bien ostenta una responsabilidad en la organización y desarrollo del evento, no posee, por su cargo, la condición de autoridad pública ni las competencias de inspección, control o coerción administrativa que la ley atribuye a los órganos municipales. Su función es de carácter organizativo y representativo, pero no de garante de la seguridad pública en el sentido de tener la potestad legal para ordenar el precinto o la suspensión de una actividad. La resolución administrativa que indicaba el incumplimiento no constituía una orden dirigida a él para que procediera al cierre, sino una constatación de una irregularidad cuya subsanación correspondía exigir a la autoridad administrativa competente.
Respecto al jefe del Área de Seguridad de Vigo, Antonio Vivero, el juez consideró que está sometido a las directrices de la Concellería de seguridade, contratación, festas e xestión municipal gobernada por Patricia Rodríguez, tal y como han confirmado tanto la citada investigada como el propio Vivero durante sus respectivas declaraciones.