Casi 100 mayores ingresan en geriátricos de Vigo en apenas tres meses bajo control judicial
VIGO CIUDAD
Ell estado cognitivo y físico de los nuevos internos se evalúa por videoconferencia
08 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Cada día una persona mayor ingresa de forma voluntaria en una residencia de la tercera edad en Vigo y O Val Miñor. Cada interno es entrevistado por el juez de familia del partido judicial de Vigo para comprobar si padece deterioro cognitivo o si ha entrado de forma voluntaria dentro del centro geriátrico. En total, desde el 1 de enero al 27de marzo ingresaron bajo control judicial 99 personas mayores en residencia, 17 menos que hace un año.
Estos procedimientos de control judicial se conocen como casos de jurisdicción voluntaria de ingreso en residencia. De ello se encargan los tres jueces de la Sección de Familia del Tribunal de Instancia de Vigo. El magistrado que está de turno semanal realiza entrevistas por videoconferencia a los internos recién ingresados para chequear su estado cognitivo y física y evaluar si está allí de forma voluntaria. Le acompañan un forense y un fiscal.
Estos procedimientos se han agilizado al hacerse por videoconferencia porque antes, la comisión judicial debía desplazarse en taxi por todas las residencias de Vigo y O Val Miñor para hablar personalmente con los ancianos. Ahora, hacen la entrevista desde un despacho de la Cidade da Xustiza, con lo que han ahorrado mucho tiempo en desplazamientos. Esto les permite acelerar la lista de espera de los ingresos que esperan a la autorización judicial.
Este control judicial es necesario porque el juez debe determinar si el interno ha ingresado libremente en la residencia y acepta someterse a sus condiciones de alojamiento y manutención. La comisión judicial, con ayuda del forense, evalúa además si dicha persona padece limitaciones físicas graves que le obliguen a depender de cuidadores en sus tareas de la vida cotidiana.
Otro de los objetivos es detectar un posible deterioro cognitivo a través de preguntas sencillas. Si el ingresado desconoce datos básicos como su propio nombre o el valor de un euro, saltan las alarmas y el proceso podría derivar en una declaración de incapacidad. Hay otra cuestión relevante que afecta a la voluntad: si el interno padece deterioro cognitivo grave su ingreso tendría que ser involuntario y solicitado por su representante legal.