Una empresaria afronta cárcel por explotar a 15 peones extranjeros que montaron stands en la feria Conxemar de Vigo
VIGO CIUDAD
La Fiscalía la acusa de no dar de alta ni contratar a los trabajadores, todos de Sudamérica, y causar un perjuicio de 1.338 euros
24 ene 2026 . Actualizado a las 01:38 h.La administradora de una carpintería, subcontratada para colocar stands en la feria de Conxemar en el Ifevi de Vigo en el 2023, afronta tres años y medio de cárcel por la supuestra explotación laboral de 15 trabajadores sudamericanos sin contrato ni seguridad social. La empresa había sido fundada cinco meses antes. El juicio se celebrará la próxima semana en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.
Según la Fiscalía, la administradora única de la empresa madrileña Carpintería Cartabón Decoración de Madera SL suscribió con la mercantil madrileña Amasj Distric SL un contrato por el que se encargaría del montaje y desmontaje de puestos de la feria de congelados entre el 3 y 5 de octubre del 2023. Sin embargo, el 21 de septiembre, la Inspección de Empleo y Seguridad Social y la Brigada y la brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional acudió al recinto ferial Ifevi a efectuar al azar una revisión y descubrió que la carpintería subcontratada tenía a 15 trabajadores extranjeros sin dar de alta.
Había tres empleados de Guatemala, siete de Colombia, tres de Perú, uno de Venezuela y otro de Honduras sin autorización de trabajo válida en España
La Inspección levantó un acta de infracción a la carpintería por ser extranjeros y otra por obstrucción a la actuación inspectora.
La subcontrata no tenía ningún trabajador de alta en el régimen general de la Seguridad Social ni se había inscrito como empresa en el Régimen General. Los perjuicios causados a la Tesorería General de la Seguridad Social ascienden a 1.338 euros, según la Fiscalía.
La acusación pública cree que la empresa actuó «con pleno conocimiento de estar dando ocupación laboral a las anteriores hombres careciendo de la necesaria autorización para trabajar en España».
La Fiscalía pide 3 años y medio de cárcel para la empresaria por el delito contra los derechos de los trabajadores y una multa de 3.000 euros, así como la clausura de la carpintería por cinco años. Pide que devuelva a la Seguridad Social los 1.338 euros.