Afronta 25 años de cárcel por hostigar con mil correos vejatorios a jueces, fiscales y abogados de oficio en Vigo
VIGO CIUDAD
Está acusado de pegar un puñetazo a su letrado defensor y destrozar a martillazos el portal de su bufete, amenazar de muerte a profesionales y difundir montajes burlescos con fotos de magistrados. El fiscal pide multas que suman 12.600 euros
10 ene 2026 . Actualizado a las 01:27 h.Un acusado afronta 25 años de cárcel en conjunto por, supuestamente, amenazar, acosar e injuriar a jueces, fiscales y abogados de oficio de Vigo, incluida la decana, a lo largo del 2022 y 2023. El implicado, presuntamente, hostigó mediante el envío de cerca de 1.000 correos electrónicos con ofensivos comentarios a los magistrados y letrados que llevaban sus causas y a los que presionaba con comentarios ultrajantes para que le solucionasen su asunto. La Fiscalía dice que ese hostigamiento causó «angustia y temor» a los afectados, entre los que había dos juezas de lo penal y otra de instrucción, y otro magistrado que lo investigaba a él.
Según el fiscal, a su defensor le propinó un puñetazo en la boca y a otro lo acosó en su despacho, además de insultar y lanzar amenazas de muerte al colegio, a tres juezas y a otro magistrado. Incluso difundió montajes fotográficos burlescos de jueces instructores de Vigo a los que ofendía. También lo acusan de tirar un biombo en la comisaría, lesionar a un agente y romper a martillazos el portal del bufete. En 2023, fue enviado a prisión provisional y se le prohibió contactar con los juzgados, salvo para asuntos jurídicos que le incumbiesen.
El juicio se celebrará el día 13 en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo (ahora plaza 3 de la sección penal).
La Fiscalía pide para él un total de 12 años de cárcel por seis delitos de amenazas, otros doce por seis denuncias de acoso y otro por resistencia a la policía, además de 9.000 euros de multa por seis delitos de injurias graves, 2.700 por daños y 900 por dos lesiones leves. También reclaman que pague 1.300 euros en indemnizaciones a lesionados o por daños.
La Fiscalía considera que los actos «se enmarcan en una estrategia de continuo hostigamiento a dichos profesionales, provocando en estos una lógica angustia y temor hacia sus personas y familiares, viéndose abocados a bloquear sus comunicaciones con el acusado y denunciarle».