La Fiscalía pide 900 euros de multa para los dueños de un bar de Vigo por piratear dos partidos de fútbol: «Cada uno sale a 200 euros, no es rentable»
VIGO CIUDAD
Un inspector de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) sacó fotos de los tres televisores del local en dos días distintos para comprobar que no tenían la marca de agua («fingerprint») y que estaban cometiendo un fraude
17 nov 2025 . Actualizado a las 20:57 h.Los dos administradores de una cafetería de la parroquia de Matamá, en Vigo, un hombre y su expareja, han sido juzgados este lunes por, supuestamente, ofrecer a sus clientes la proyección de un par de partidos de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) sin tener contrato con la operadora que emite a través de un canal privado de pago.
Un inspector de la LFP acudió dos días distintos de enero y febrero del 2025 al bar y tomó fotos mientras hacía una consumición sentado, fingiendo ser un cliente, para demostrar que, a esa hora de la emisión del partido, la pantalla no mostraba la huella dactilar o marca de agua (finger print). La ausencia de ese filtro de seguridad probaba que los implicados se habían suscrito a un canal de pago en su domicilio y usaban su clave para el bar. Es lo que la LFP denomina un fraude residencial (porque cambian el domicilio autorizado por otro de mayor coste). Admite que los dueños no estaban en el local ese día.
La vista se celebró en el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo. Los hosteleros lo negaron todo porque ni estaban en el local esos días ni tienen encargado de los camareros, ni saben lo que hacen durante su trabajo. Recalcaron que ni tenían contrato con ningún canal privado ni ponían partidos porque «no nos gusta el fútbol» y la operadora «tiene el monopolio, te cobra 540 euros al mes, el partido sale a 200 y no es rentable y no te compensa, no tengo tanto volumen de gente». Y, además, ningún camarero les dijo que hubiesen puesto un partido de fútbol.
El fiscal pide que cada uno pague una multa de 900 euros como autores de un delito leve contra la propiedad intelectual y que indemnicen con 750 euros a la LFP. La entidad privada reclama 1.440 euros de multa y una indemnización.