Desalojada con un hijo por su exmarido en Vigo: «Cojan sus efectos personales y váyanse de la vivienda»
VIGO CIUDAD
«Tengo menos derechos que un okupa», denuncia la mujer, copropietaria del piso, que se ha marchado tras la llegada de una decena de policías
11 jun 2025 . Actualizado a las 12:55 h.Una mujer divorciada de 52 años ha sido desalojada este lunes de la vivienda de la que es co-propietaria en el centro de Vigo junto a su hijo de 19 años con un 37 % de discapacidad. La orden de lanzamiento fue ejecutada tras la llegada, a primera hora, de un funcionario judicial acompañado de un cerrajero, quien le comunicó que podía hacerlo «por las buenas o de otra manera» y le ordenó recoger sus efectos personales y abandonar la casa. Al negarse, el juzgado solicitó apoyo policial.
Poco después, una patrulla de la Policía Nacional se presentó con una decena de agentes y se procedió al desalojo forzoso. Marian Álvarez, dueña del inmueble junto a su exmarido, denunció que no tiene alternativa habitacional ni acceso a ayudas sociales. «Estoy en tierra de nadie. No tengo derecho a ningún tipo de ayuda porque tengo vivienda, pero me echan de ella», declaró.
La mujer asegura que intentó llegar a un acuerdo económico con su expareja, sin éxito, y que presentó propuestas para una tasación conjunta o el pago de un alquiler. Tampoco prosperó una oferta vinculante de compra, cuya existencia, según ella, el juzgado no ha tenido en cuenta. «Todo se ha hecho por plazos, sin valorar la situación real», lamenta. Tengo menos derechos que un okupa. Un inquilino tiene tres meses para irse y un okupa puede estar dos años. A mí, que soy copropietaria, me echan», lamenta.
Su abogada, Eva Aguilera, califica la situación de «surrealista» y denuncia que el juzgado ha tramitado el caso como una ejecución del convenio de divorcio, en lugar de iniciar un proceso de división de la cosa común. «Se le impide el uso de su derecho como copropietaria. A efectos prácticos, esto es un desahucio. Pero no se le reconocen las garantías que sí se aplican a inquilinos en situación de vulnerabilidad», critica. Aguilera ha solicitado la revisión del caso por posible error judicial. «Se ha dictado un auto de ejecución que le impide acudir al Tribunal Supremo. Nos encontramos ante una negación de derechos fundamentales. Es un atropello», dice.
La mujer ha tenido que abandonar el domicilio sin tener claro dónde dormirá esta noche. Pese a que tiene un trabajo como asesora energética, afirma que no encuentra un lugar donde vivir por los altos precios actuales del mercado inmobiliario y porque los propietarios con los que ha contactado le piden dos nóminas como aval.
El demandante
Desde el entorno del exmarido, el abogado Guillermo Presa ofrece una versión distinta: «Hubo un convenio entre las partes en el que a ella se le adjudicaba el uso provisional de la vivienda hasta el 8 de octubre de 2022. Eso fue aceptado por ella. Pero llegado el día no se quiso marchar». Añade que desde entonces «lleva tres años viviendo sin título y sin derecho a estar en esa vivienda, y gratis», y subraya que ha presentado recurso tras recurso «y ha perdido todos».
El letrado reconoce que la vivienda pertenece a la sociedad de gananciales y debe liquidarse. «Si quiere comprar su parte, que la compre a precio de mercado. Lo que no vamos a aceptar son las condiciones que pretende imponer mientras ocupa la casa sin derecho a ello», afirma.